La dimisión sorprende a la mayoría del Gobierno, que no deseaba ceses hasta el final de la investigación

La dimisión de Pilar Valiente al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cogió por sorpresa a la mayoría del Gobierno. Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, admitieron ayer que habían enterado de la noticia por los medios de comunicación.

La dimisión de Valiente ha roto el dique que el Gobierno había puesto para solventar las responsabilidades políticas del caso Gescartera, un agujero de 18.000 millones abierto por la mala gestión de una agencia de valores que, pese a los múltiples indicios, no fue intervenida a tiempo por la CNMV. Cuando quedan aún dos meses de tarea de una comisión de investigación parlamentaria que no ha hecho más que comenzar su actividad, el Ejecutivo es consciente de que el objetivo de la oposición está puesto en el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, responsable del nombramiento de Valiente y su valedor hasta el final.

La consigna de La Moncloa es aguantar el tirón. A falta de un candidato señalado para la sucesión de José María Aznar, casi nadie duda de que el mejor situado es Rato. Y todos -ministros y dirigentes del PP- mantienen en público el lema de que las responsabilidades políticas se dirimirán al final de las tareas de la comisión de investigación parlamentaria con la confianza de que todo quede en un enjambre de 'relaciones peligrosas' entre la familia Giménez-Reyna y la presidencia de la CNMV sin tocar al vicepresidente segundo del Gobierno.

Desde la cúpula del Gobierno se manejan otras claves. La primera es que 'no se puede hablar de corrupción que salpique al Gobierno'. Y la segunda es comparativa con los escándalos que padecieron el PSOE y su Ejecutivo en 1993, 1994 y 1995. Los casos Filesa, Ibercorp, o el de las escuchas telefónicas, fueron utilizados en la pelea interna del partido entre guerristas y renovadores e impidieron una defensa adecuada a Felipe González. Los renovadores pidieron la cabeza del aparato del PSOE por el caso Filesa y los guerristas la del área económica y de Narcís Serra por el caso Ibercorp y las escuchas telefónicas.

La Moncloa presume, sin embargo, de una situación interna pacífica, en el Gobierno y en el PP, controlada por Aznar. También cree que Rato cuenta con un importante prestigio interno que hace impredecible, por el momento, una guerra interna, similar a la que sufrió el PSOE y precipitó el desenlace de sus escándalos en 1994 y 1995 con una cadena de dimisiones de ministros.

Tampoco Aznar va a alterar su decisión de no presentarse a la reelección como candidato a la presidencia, pese a que a la crisis internacional se ha unido ahora el caso Gescartera. La Moncloa aún mantiene que puede controlar la carrera por la sucesión y evitar que pueda utilizarse este caso por los contendientes en la lucha por el poder.