En Madrid, también

En recientes declaraciones, el señor Ruiz-Gallardón expresa su esperanza de que en la Comunidad de Madrid no se produzcan casos entre los profesores de religión como los que en los últimos días han aparecido en los medios de comunicación, y espero sacarlo de su error. Hace ahora tres años sufrí no sólo la decisión arbitraria de la Delegación Diocesana de Enseñanza de la que dependía, sino también la indiferencia e inhibición de las autoridades competentes del Ministerio de Educación y Cultura, así como la insensibilidad del juzgado de lo social de Madrid, que sentenció mi demanda contra este ministerio y la Conferencia Episcopal Española.

La sentencia estableció que no hubo despido alguno, sino 'un ejercicio de ius variandi empresarial, que la actora no impugnó en la debida forma, dejando de acudir a centro de trabajo alguno, lo que ha supuesto un abandono de su trabajo, y no un despido (...)'. No era cierta en absoluto esa afirmación, pero yo no tuve oportunidad de demostrarlo en el juicio.

El magistrado que me correspondió aceptó como buenas las peculiares afirmaciones de los abogados de las administraciones civil y eclesiástica. Entre otras, a la pregunta de mi abogada acerca de cuáles eran las razones por las que me removían (éste es el término adecuado) en mi puesto de profesora, el abogado de la parte eclesiástica contestó que 'eso sólo estaba en la mente del obispo'; desde luego, el ordinario del lugar no había hecho acto de presencia en la sala y no se le pudo preguntar.

Nunca supe la razón de mi cambio de estado laboral, ni por qué de un día para otro, sin explicaciones, después de casi 20 años, dejé de trabajar en un IES del sur de Madrid y me vi en la calle y sin derecho a la prestación por desempleo, ya que al parecer quedó probado mi supuesto abandono del puesto de trabajo. En realidad, el fondo de la cuestión no es con quién se casan o en qué emplean su tiempo libre los profesores de religión, eso es puro telón; la cuestión de fondo reside en la incoherencia y ambigüedad de un Estado que permite a la Iglesia proponer y remover a los profesores de religión sin exigirles a su vez el debido cumplimiento de las leyes civiles y laborales, a las que todo ciudadano e institución han de estar sujetos.