Bruselas abre una investigación por las ayudas de la Generalitat a la textil Puigneró

La Comisión Europea investigará si la concesión de un crédito de 2.000 millones de pesetas por parte de la Generalitat a la empresa textil Puigneró es una ayuda de Estado contraria a la competencia. La Generalitat otorgó este apoyo a la empresa para ayudarla a superar la suspensión de pagos en la que se encuentra. Las autoridadees europeas intentan esclarecer esta ayuda a la mayor empresa textil catalana a petición de un grupo de empresarios textiles.

Puigneró, que tiene tres plantas en la comarca de Osona, presentó suspensión de pagos en octubre del año pasado con unas deudas de 24.000 millones de pesetas, de los que 4.000 corresponden a la Seguridad Social y Hacienda. A partir de ese momento, la empresa empezó una carrera contrarreloj para evitar la quiebra y reflotar un gigante empresarial, aunque esto significara abandonar su grandeza anterior y limitarse a los sectores empresariales más rentables.

El expediente que abrirá Bruselas tardará meses en resolverse y es un serio contratiempo a los esfuerzos que realiza la dirección para dar paso a un nuevo socio en la empresa que sustituya a la familia Puigneró. En la actualdiad, la empresa negocia la entrada del grupo mexicano Kautex.

No es la primera vez que Puigneró recibe una inyección económica de organismos públicos. Por eso, en medios del sector se ha visto excesiva esta ayuda para una empresa que también suspensió pagos en 1983.

La Comisión Europea tiene la intención de decidir mañana la apertura del expediente contra la empresa. Y la empresa, que emplea a 1.200 trabajadores, deberá devolver una parte de las ayudas o todas si se comprueba que no son legales.

El Tratado de la Unión Europea deja claro de antemano que las ayudas de Estado son en principio incompatibles con el mercado común porque afectan a los intercambios entre Estados miembros. La legislación comunitaria advierte de que las subvenciones concedidas por las autoridades públicas -estatales, regionales o locales- a una empresa pueden representar una ventaja competitiva frente a otras que operan en el mismo sector. Dicho de otra manera, las ayudas estatales que favorecen a determinadas empresas o producciones de modo que falseen la competencia son ilegales.

Ni la empresa ni el Instituto Catalán de Finanzas, que otorgó la ayuda, se han querido pronunciar sobre la investigación de las autoridades comunitarias. Fuentes próximas a la empresa explicaron que la cuestión no ha levantado preocupación porque el crédito se concedió en condiciones de mercado, sin perdón, rebaja ni subvención alguna, ni con plazos más largos. La empresa y el Instituto Catalán de Finanzas tampoco tienen constancia de la apertura del expediente a través de los canales oficiales. Estas fuentes puntualizaron que la apertura de un expediente no implica un castigo y que normalmente se le atribuye una connotación negativa que no es justa, ya que sólo se trata de una investigación a raíz de una denuncia que puede quedar en nada.