Falso culpable

Un hombre suplanta la identidad de otro y le carga a éste de deudas e hipotecas impagadas

Llegó un momento en que sus presuntas deudas con la Administración eran de cinco millones

La Administración le reclama deudas originadas por una empresa que no existe, ubicada en un pueblo que le es totalmente desconocido. Para cobrarlas, le han embargado un local que no es suyo, en una población en la que en su vida ha puesto los pies. Y para rizar el rizo, sobre esta finca pesa una hipoteca a su nombre que jamás ha suscrito. Salvador Mestres Rubio no es un empresario moroso de Villanueva de la Cañada (Madrid), con una finca hipotecada en Benicàssim (Castellón), tal y como se empeñan en demostrar la Seguridad Social, Hacienda, una escritura firmada ante notario y una hipoteca del Banco de Santander, sino un vecino de Girona a quien alguien ha metido en un berenjenal robándole su identidad.

Desde 1998, Salvador Mestres intenta separar, con escaso éxito, sus actividades reales de las de su presunto suplantador. Multitud de escritos ante las administraciones y una denuncia ante la Fiscalía no han conseguido todavía librarle de negocios fantasmas, propiedades hipotecadas y un sinfín de deudas que no le pertenecen ni ha generado.

Salvador Mestres empezó a toparse con su otro yo cuando recibió en su domicilio de Girona diversas cartas certificadas del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada relativas a un débito del Impuesto de Actividades Económicas. Lo consideró un error surrealista y decidió olvidarlo, pero inmediatamente siguieron notificaciones de la Agencia Tributaria sobre la omisión del pago del IRPF y declaraciones de IVA. Sus avisos a la Administración respecto a un flagrante error no eran tenidos en cuenta. Su nombre y su documento de identidad figuraban en toda la documentación y no había modo de detener el flujo constante de reclamaciones y certificados que remitían a su domicilio.

Estaba atrapado. Llegó un momento en que sus presuntas deudas con la Administración acumulaban unos cinco millones de pesetas. Temiendo lo peor, Salvador Mestres retiró el dinero de su cuenta y evitó poner a su nombre un piso recién adquirido con su mujer. Fue una decisión acertada, porque al poco tiempo todos sus fondos le eran embargados. Pero su perplejidad llegó al límite cuando recibió un aviso de embargo de una finca urbana de 180 metros cuadrados en Benicàssim. Mestres jamás había tenido una propiedad en ese lugar, en el que ni tan siquiera había estado nunca. Su presunto suplantador había engañado, quizá provisto de un DNI falso, a un notario para adquirirla y, además, había conseguido una hipoteca de 21 millones de pesetas del Banco de Santander.

En las diligencias previas llevadas a cabo hasta ahora por el juzgado número 7 de Girona se han requerido documentos originales a la Administración, en los que ha podido comprobarse que la firma usada por el estafador no coincide en absoluto con la suya. El juzgado de paz de Villanueva de la Cañada ha remitido declaraciones de los habitantes del domicilio que aparece como sede social del presunto negocio de Mestres. Todos declaran que se trata de una casa particular y aseguran no conocer de nada a Salvador Mestres, aunque regularmente, y por razones que no se explican, llega al domicilio correo a su nombre.

El letrado que Salvador Mestres se ha procurado para sacarle del embrollo hace constar en la denuncia presentada ante la Fiscalía que tiene sospechas de que alguien utiliza el nombre y el NIF de su cliente para 'emitir y vender facturas falsas, en el sentido de que no corresponden a ninguna actividad'. Al parecer, existen empresarios desaprensivos que utilizan este tipo de facturas para justificar altas sumas de dinero negro.

Mestres no tiene idea de quién puede ser su doble. Su única pista proviene de la fecha de nacimiento que apareció en un ordenador de la Administración, según la cual le llevaría unos 30 años y estaría próximo a jubilarse. La condición de moroso perseguido por Hacienda hace que Mestres no pueda abrir cuentas en los bancos, pedir créditos o comprar propiedades.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los datos personales y los torpes filtros de la Administración para evitar este tipo de estafas. Descorazonado ante la lentitud e ineficacia de la Administración y de la justicia para resolver su caso, Mestres le pone al mal tiempo buena cara y bromea: 'Mi única solución será ponerme de verdad en lugar del otro y pedir la jubilación'.