El PP asume que deberá apoyar a CiU hasta 2003 sin obtener las contrapartidas que exigía

Los dirigentes del Partido Popular de Cataluña han asumido que deberán sostener el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) hasta el final de la legislatura, prevista para finales de 2003, a pesar de que no han conseguido el 'nuevo marco de relaciones' con la coalición nacionalista que exigían desde principios de este año. El propio presidente regional del PP, Alberto Fernández Díaz, ha aparcado esta exigencia y ayer, en la Escuela de Formación que el partido celebró en Mataró (Maresme), ya insinuó su apoyo a los presupuestos para 2002 y subrayó que su objetivo es agotar la legislatura. Fernández Díaz minimizó el papel de CiU en el diseño del nuevo sistema de financiación.

Desde principios de este año, Alberto Fernández exigía de forma reiterada a CiU un 'nuevo marco de relaciones' como condición indispensable para mantener su apoyo en el Parlament a la coalición nacionalista. Los conservadores nunca lo detallaron públicamente del todo, pero en varias ocasiones pusieron un fecha límite para obtenerlo: septiembre.

Este mes ya ha llegado y los dirigentes del PP admiten ahora en voz baja que este 'nuevo marco de relaciones' no va a establecerse. El fracaso del PP en Euskadi, los sondeos adversos para el PP en Cataluña y la entrevista en agosto entre José María Aznar, presidente del Gobierno español, y Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, han sellado la alianza al máximo nivel entre conservadores y nacionalistas hasta el final de la legislatura.

En consecuencia, el PP catalán ha renunciado a tres de las reivindicaciones emblemáticas que incluían en este 'nuevo marco de relaciones': obtener algún cargo institucional relevante dependiente de la Generalitat, establecer un comité de enlace formal entre CiU y el PP para evidenciar ante la sociedad la capacidad de influencia de los conservadores y convertirse en socios únicos en el Parlament, con derecho de veto sobre las iniciativas de CiU.

Críticas

En el curso que empieza, los dirigentes del PP ya no confían en obtener ninguna de estas contrapartidas porque la alianza sellada al máximo nivel ha reducido considerablemente el margen de maniobra del PP catalán. La organización regional que encabeza Alberto Fernández tiene luz verde de la dirección nacional para criticar tanto como quiera a CiU, incluso le puede hacer perder algunas votaciones en el Parlament, pero nunca poner en juego la estabilidad parlamentaria y precipitar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Este esquema fue precisamente el que Fernández Díaz siguió ayer en Mataró, en la clausura de la Escuela de Formación que el partido ha dedicado a las nuevas tecnologías. Ante un centenar de militantes, el líder conservador deslizó algunas críticas a CiU -como cuando recordó sus posturas soberanistas-, pero preparó a los suyos para estar juntos como mínimo hasta que se agote la legislatura.

'Quedan dos años de legislatura y hay muchas cosas por hacer', afirmó el dirigente conservador, quien añadió, tajante: 'Ahora es tiempo de gobernar, no de elecciones'.

Entre octubre y diciembre hay tres momentos de especial importancia que revelarán la fuerza de la alianza entre CiU y el PP, con independencia de las votaciones puntuales que pueda haber: el debate de política general, la anunciada moción de censura impulsada por Pasqual Maragall y la aprobación de los presupuestos para 2002.

Fernández Díaz se mostró dispuesto a contribuir a frenar la 'bronca' que a su juicio busca la izquierda para debilitar al Ejecutivo de Jordi Pujol y avanzó el interés del PP en aprobar los presupuestos para el año 2002 dotándolos de un 'claro contenido social'.

En su discurso de ayer, el dirigente del PP catalán atribuyó a su partido todo el mérito del diseño del nuevo modelo de financiación autonómica y minimizó, por tanto, el papel desempeñado por CiU en las negociaciones. A su juicio, la filosofía que inspira el acuerdo coincide 'con todos los trazos fundamentales del PP de Cataluña'.

Con cierto sarcasmo, Fernández Díaz recordó que las propuestas iniciales sobre financiación de otros partidos, en referencia a CiU, se basaban en 'balanzas fiscales, amenazas de hacer pasar por el aro y fórmulas técnicamente inviables para el conjunto del sistema'. También minimizó el papel de CiU en la elaboración de los presupuestos del Estado de 2001.