El PP quiere que el 'excedente' de la financiación vaya a inversiones

El PP considera que el billón de pesetas adicional que la Junta de Andalucía calcula que va a percibir en los próximos cinco años (2002-2006), en concepto de financiación autonómica, debe destinarse a inversión. La presidenta regional del PP, Teófila Martínez, afirmó ayer que su grupo parlamentario presentará próximamente una proposición no de ley en la Cámara autonómica para que este dinero se invierta, concretamente, en 'infraestructuras, universidades, I+D, bienestar social y para absorber el déficit tecnológico' de Andalucía.

Antes de la celebración del Comité Ejecutivo Regional del PP, al que acudió la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, Teófila Martínez avanzó esta iniciativa después de que la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, revelara en el Parlamento la estimación del billón de pesetas.

En el Comité Ejecutivo, celebrado ayer por la tarde, los populares tenían previsto abordar el anteproyecto de la Ley del Suelo de la Junta; las comisiones de investigación que ha pedido el PP en la Cámara autonómica y la posible bajada de impuestos que permite el acuerdo de financiación autonómica. Sobre las comisiones de investigación, Teófila Martínez insistió en la necesidad de que se constituyan (el pleno del Parlamento rechazó el miércoles una comisión sobre la venta de Prensa Sur, empresa en la que el PSOE reunió sus participaciones en algunos periódicos locales. 'Es muy peligroso en democracia que los mismos que tienen que ser controlados por la oposición se erijan en juez y parte a la hora de valorar las pruebas', dijo Martínez, que reiteró las acusaciones que ha vertido contra el PSOE por este asunto en las últimas semanas.

Profesores de religión

Pilar del Castillo, que por la noche tenía previsto reunirse con representantes de los empresarios andaluces, se refirió a la polémica de las profesoras de religión despedidas por la Iglesia católica por discrepancias sobre su comportamiento privado (Resurrección Galera por casarse con un divorciado y Francisca Urbano por salir de copas con los compañeros y no ir a misa). Del Castillo señaló que 'carece de sentido que el Estado elija' a los profesores de religión, potestad que corresponde a la Iglesia en virtud del acuerdo entre El Vaticano y el Estado español de 1979.

La ministra se agarró a este acuerdo para subrayar que el Estado se limita a pagar a los profesores de religión pero que es la Iglesia católica la que selecciona a quienes tienen que impartir esta doctrina religiosa. Y añadió que esta selección la hace la Iglesia conforme a unos 'principios' que cree que deben cumplir las personas que imparten religion. 'Ésa es la singularidad', señaló la ministra de Educación, que añadió que para modificar esta situación sería preciso cambiar el marco legal, es decir, el acuerdo entre el Estado español y El Vaticano.