Las partes del 'caso de la estatua rusa' revisan hoy la reconstrucción del sumario
Nueve de los diez tomos de este expediente contra Gil fueron robados
El juez que instruye el caso de la estatua rusa, uno de los 13 sumarios contra Jesús Gil robados en los Juzgados de Marbella, preside hoy una vista a la que están convocadas las partes a fin de que se pronuncien sobre la validez de los documentos aportados para la reconstrucción del expediente. Si no hay acuerdo, se abrirá un plazo de 15 días para aportar pruebas. Después, el juez se pronunciará sobre la forma en que queda reconstruido el sumario o sobre la imposibilidad de rehacerlo.
En el caso de la estatua rusa se investiga el pago de 141 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al escultor ruso Zurab Tsereteli por la estatua La Victoria, que supuestamente había sido objeto de una donación fruto de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Moscú y Marbella. Junto a Jesús Gil están imputados Pedro Román, ex teniente de alcalde; José Luis Jiménez, gerente de la empresa municipal Jardines 2000; y los titulares de las empresas Emasa y Mar & Gregory, Tomás Olivo y Luis Esteban Palomero.
Según la denuncia que en su día presentó el grupo municipal socialista, los 141 millones supuestamente pagados por la estatua habrían seguido un itinerario enrevesado hasta llegar al escultor ruso en forma de dos apartamentos en Marbella: el dinero pasó de la sociedad municipal a Emasa, de ahí a Mar & Gregory y de ahí a la Caja Postal, para cubrir la hipoteca de unos terrenos que finalmente el escultor cambió por los dos pisos.
El pasado 9 de agosto, el magistrado que instruye esta causa por presunta malversación de caudales y falsificación, Antonio Ruiz Villén, denunció ante el juzgado de guardia la desaparición de nueve de los diez tomos del sumario. A finales de agosto se inició el proceso de reconstrucción del sumario a instancias del PSOE, que ejerce la acusación particular.
De momento, la copia del sumario aportada por el grupo municipal socialista es la única herramienta de la que se dispone para el proceso de reconstrucción, ya que el fiscal aún no ha practicado ninguna diligencia. Si los acusados no están conformes con el material que se ha presentado, podrán aportar documentos y pruebas en la vista de hoy o en los próximos 15 días.
El Juzgado de Instrucción número 1 también ha iniciado ya de oficio la reconstrucción de sumarios. El PSOE, que ejerce también la acusación en el caso Belmonsa, un presunto delito urbanístico que investiga la juez decana de los Juzgados de Marbella, María Luisa de la Hera, ha entregado ya su copia de las actuaciones. Sólo falta por iniciar la reconstrucción de los sumarios robados en Instrucción 7, que aún no ha notificado oficialmente el robo.
Responsabilidad de los jueces
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá hoy si procede o no imponer sanciones a los titulares de los juzgados marbellíes afectados por el robo -los números 1, 5 y 7- por una falta de negligencia en la custodia de documentos. De momento, María Luisa de la Hera, Antonio Ruiz Villén y Juan Carlos Hernández tienen a favor el informe realizado por los Servicios de Inspección del Consejo, que concluye que 'no existen indicios de responsabilidad disciplinaria' por parte de los tres magistrados. Con todo, el presidente de la Comisión Disciplinaria, Benigno Varela, ha precisado a Europa Press que el informe de los inspectores 'no es vinculante', y que la comisión es 'la única competente' para tomar la decisión final de archivar las diligencias o expedientar a los jueces afectados. Independientemente de lo que se decida respecto de los titulares de los juzgados, queda pendiente la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las eventuales responsabilidades en los robos de los secretarios judiciales de cada juzgado -responsables de la custodia de documentos-, oficiales y agentes. Esta cuestión aparece reseñada en el informe emitido por los dos inspectores del CGPJ que se trasladaron a Marbella para investigar los robos. Pero las conclusiones de ambas investigaciones sólo tendrán efecto para posibles sanciones administrativas. En el plano penal, las investigaciones continúan abiertas sin que hasta la fecha se haya imputado a ninguno de los funcionarios sospechosos.
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