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Columna
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Llueve sobre mojado

En entrevista concedida este pasado mes de agosto a El Mundo Ian Gibson decía,tras hacer la reserva de que no seguía muy de cerca la política autonómica, que tal vez sería conveniente que se produjera una alternancia en el poder en Andalucía, pero que dudaba que el PP estuviera en condiciones de protagonizar dicha alternancia.

Pienso que no es difícil coincidir con Gibson. Tras casi veinte años de gobierno por parte de la misma formación política en Andalucía, es más que razonable pensar que se debería producir un cambio de orientación, tanto programática como personal, en el ejercicio del poder. Pero a la vista de lo que dicen y hacen los dirigentes del único partido que puede ser alternativa de gobierno en Andalucía, no solamente resulta difícil imaginar que dicho partido pueda afirmarse como alternativa de gobierno, sino que horroriza incluso pensar que esto pudiera ocurrir.

Podría resultar muy deseable en abstracto que el PP se convirtiera en el partido de gobierno en Andalucía, pero no se puede aceptar en concreto que pueda llegar a convertirse en el Gobierno de Andalucía un partido, como el PP, cuya única estrategia para llegar al poder parece ser o la de saltarse a la torera la legalidad o la de convertir a Andalucía en el 'basurero de España'.

No se puede aceptar que llegue a ocupar el Gobierno de Andalucía un partido que incita a la rebelión frente al cumplimiento de una ley de la propia comunidad autónoma, como la 'Ley de Cajas de Ahorro' y que no ha rectificado públicamente ni siquiera después de que hayan dictado resoluciones inequívocas sobre el cumplimiento de dicha ley cuatro órganos jurisdiccionales distintos. Todavía estamos esperando una explicación de la dirección del PP de su política respecto de la aplicación de la Ley de Cajas de Ahorro. ¿Es mediante golpes de esa naturaleza como los dirigentes del PP piensan que pueden conseguir credibilidad ante la ciudadanía andaluza como alternativa de gobierno?

Pero mucho menos se puede aceptar todavía que, en el momento en que se plantea el más mínimo problema para el Gobierno del PP en Madrid, se intente distraer la atención de la opinión pública mediante el ensuciamiento de Andalucía. ¿Puede realmente aceptarse que, tras el estallido del escándalo de Gescartera, tanto los dirigentes nacionales como los regionales del PP sólo tengan el recurso de convertir a Andalucía en un basurero? ¿Qué es lo que pueden esperar los dirigentes del PP de los ciudadanos andaluces ante las declaraciones de estos últimos días de Rodrigo Rato, Martínez Pujalte, Rafael Hernando o Antonio Sanz acerca de la responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía en el caso Gescartera? ¿Es que alguien se puede creer que Manuel Chaves y José Nevado sean los responsables de la desaparición de los dieciocho mil millones, de la inactividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la actuación del Secretario de Estado de Hacienda?

Llueve sobre mojado. Y ya está bien. A comienzos de este verano dos ciudadanos andaluces se vieron afectados por un episodio de legionella en el hospital Juan Ramón Jimenez en Huelva y la reacción de la dirección del PP fue desmesurada, responsabilizando inmediatamente a la Junta de Andalucía por negligencia y exigiendo la responsabilidad política del Consejero de Salud. Nada parecido, afortunadamente, se ha producido en ninguna de las otras comunidades autónomas, en las que ha habido, por desgracia, casos de legionella mucho más mortíferos. Y horroriza pensar qué habría ocurrido si hubieran muerto seis pacientes por un fallo en el proceso de diálisis en un hospital de Andalucía en lugar de en Valencia. ¿Se imagina ustedes lo que estarían diciendo en este momento Teófila Martínez o Antonio Sanz ? Si se ha pretendido hacer responsable al presidente de la Junta de Andalucía por las muertes en la A-92, ¿qué responsabilidad no se le habría exigido por muertes por fallos en el proceso de diálisis?

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Para el PP en Andalucía, a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, vale todo. No hay ni una sola comunidad autónoma en la que se esté prtacticando un juego tan sucio como el que el PP está practicando en Andalucía desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas comisiones de investigación ha impedido el PP que se constituyan en el Parlamento de Cataluña en asuntos en las que hay abiertos procesos en los tribunales de justicia y en los que se han evaporado miles de millones de pesetas? ¿Cómo es posible que con la trayectoria que tiene el PP en todos los parlamentos del sistema político español, en el estatal o en los autonómicos, en materia de comisiones de investigación, se atreva a proponer la constitución de comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre asuntos nimios, carentes de cualquier tipo de entidad? ¿Creen realmente los dirigentes del PP andaluz que pueden engañar a los ciudadanos equiparando Gescartera con Egmasa?

Comprendo que una vez que se tiene a Javier Arenas como máximo punto de referencia, es difícil comportarse de otra manera. Pero Teófila Martínez y Antonio Sanz harían bien en reflexionar sobre la trayectoria de Javier Arenas en Andalucía y los resultados que ha cosechado. La 'cacería' que Javier Arenas organizó contra Manuel Chaves entre 1994 y 1996 ha sido una de las operaciones más miserables que se han puesto en práctica en todos los años de democracia en España. No conozco ningún otro caso en el que se haya intentado deliberadamente no derrotar políticamente, sino alcanzar la humillación personal y familiar de un presidente de comunidad autónoma. La utilización de la mayoría parlamentaria de la 'pinza' para desalojar al Presidente de la Junta de Andalucía de la residencia oficial quedará en los anales de la infamia política.

La respuesta del cuerpo electoral andaluz es conocida. Y si Teófila Martínez y Antonio Sanz siguen por ese camino, intentando convertir Andalucía en un basurero, no creo que puedan esperar una respuesta distinta.

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