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Tribuna:TRÁFICO DE NIÑOS

La adopción es un derecho del menor

Todos los menores, según recoge la Declaración de los Derechos del Niño aprobado por la ONU en 1959, tienen derecho a crecer en una familia, así como a conservar los vínculos con su país de origen, y sólo cuando no sea posible el desarrollo en su propio entorno la adopción por extranjeros se concibe como un beneficio para el menor. La adopción es considerada en los acuerdos internacionales que derivan de esa declaración como un derecho del menor y, para cumplir este objetivo, los Estados han arbitrado una serie de mecanismos que garantizan al menor unos padres capaces de asegurar las atenciones propias de la función parental, a la vez que han instaurado un sistema de cooperación entre los Estados que previenen la sustracción, la venta y el tráfico de menores.

'Aceptar un solo caso de adopción al margen de la ley supondría abrir la puerta a un mercado atroz de compraventa de niños de los países pobres'

A raíz de las irregularidades detectadas en las últimas semanas, han sido varias las personas que me han preguntado qué beneficio puede hacer ahora apartar de su nueva familia a unos menores ilegalmente adoptados. '¿No sería mejor para todos dejarlo estar?', me preguntan. 'Los padres naturales obtienen un dinero que necesitan para sobrevivir y saben que su hijo o su hija va a tener una vida mejor; la nueva familia, plena de felicidad, ve colmados sus deseos y los menores están infinitamente mejor', me dicen.

Varias veces me he enfrentado, con sorpresa y tristeza, a estas preguntas. Percibo una cierta comprensión, un estado de opinión que acepta o incluso justifica la práctica de algunas familias que, en su impaciencia o su desesperación, han incurrido en acciones ilegales para comprar un menor en el extranjero sin saber realmente si el niño ha sido abandonado por sus padres, es huérfano o ha sido secuestrado previamente.

Ante esta situación, más que respuestas, planteo nuevas preguntas: ¿por qué no agilizar aún más los trámites, dejando de lado a las administraciones que velan por la legalidad y justicia del proceso de adopción?, ¿por qué no prescindir del certificado de idoneidad que garantiza la adecuada capacidad y disposición de los adoptantes para hacerse cargo de los menores?, ¿por qué no hacer un catálogo de niños y niñas con un precio establecido o, mejor aún, subastarlos para que quien más dinero tenga pueda escoger a su gusto? ¿por qué no establecer un sistema de devolución en caso de no estar satisfecho con el producto? Y finalmente, inmersos en esta espiral de barbaridades, ¿por qué no abrir una sección para el transplante de órganos a tanto la pieza?.

Estas cuestiones pueden parecer excesivas dentro del debate que se nos plantea, pero si se consienten este tipo de adopciones 'por el bien de todos', como decía al principio, habremos desbordado los principios éticos morales y legales que deben regir estos procesos y ya no seremos capaces de establecer nuevos límites.

La Diputación Foral de Bizkaia conoce, porque vive muy de cerca y a diario, el torrente de emociones que invade a las personas que desean adoptar un niño o una niña; son hombres y mujeres que en muchos casos, no siempre, han pasado años intentando tener un hijo propio, que han agotado las posibilidades que la ciencia les ofrece y buscan, por fin, volcar su cariño hacia un hijo adoptado. Les comprendemos y les ayudamos pero debemos recordar que nuestro primer y más importante compromiso es con los menores.

Con frecuencia oímos decir que los procesos de adopción son largos y complicados. Efectivamente, hay que prepararse para un periodo de espera ya que, aunque el procedimiento en sí mismo no es muy complicado, al intervenir dos países diferentes con un intercambio de información y documentación y, sobre todo, la necesidad de que el proceso ofrezca garantías tanto para el menor adoptado, como para los dos países, como para los padres adoptivos, inevitablemente lleva su tiempo. En este tema, como en otros, lo más rápido no siempre es lo mejor, y en cualquier caso debe quedar claro que no existen atajos.

Si aceptáramos un solo caso de adopción de menores al margen de la ley usando como argumentos el bienestar económico del menor, el alivio de las penurias de su familia natural, y la pronta satisfacción de los deseos de sus futuros padres, estaríamos abriendo definitivamente la puerta a un mercado atroz de compraventa de niños y niñas sustentado en el abismo que separa a los países pobres de los países ricos. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos comparte que el ser humano es persona y en cuanto tal tiene dignidad y no precio, y que sólo desde la arrogancia de la riqueza, desde el egoísmo y desde el desprecio hacia los derechos de las personas se puede justificar la compra de un menor.Todos los menores, según recoge la Declaración de los Derechos del Niño aprobado por la ONU en 1959, tienen derecho a crecer en una familia, así como a conservar los vínculos con su país de origen, y sólo cuando no sea posible el desarrollo en su propio entorno la adopción por extranjeros se concibe como un beneficio para el menor. La adopción es considerada en los acuerdos internacionales que derivan de esa declaración como un derecho del menor y, para cumplir este objetivo, los Estados han arbitrado una serie de mecanismos que garantizan al menor unos padres capaces de asegurar las atenciones propias de la función parental, a la vez que han instaurado un sistema de cooperación entre los Estados que previenen la sustracción, la venta y el tráfico de menores.

A raíz de las irregularidades detectadas en las últimas semanas, han sido varias las personas que me han preguntado qué beneficio puede hacer ahora apartar de su nueva familia a unos menores ilegalmente adoptados. '¿No sería mejor para todos dejarlo estar?', me preguntan. 'Los padres naturales obtienen un dinero que necesitan para sobrevivir y saben que su hijo o su hija va a tener una vida mejor; la nueva familia, plena de felicidad, ve colmados sus deseos y los menores están infinitamente mejor', me dicen.

Varias veces me he enfrentado, con sorpresa y tristeza, a estas preguntas. Percibo una cierta comprensión, un estado de opinión que acepta o incluso justifica la práctica de algunas familias que, en su impaciencia o su desesperación, han incurrido en acciones ilegales para comprar un menor en el extranjero sin saber realmente si el niño ha sido abandonado por sus padres, es huérfano o ha sido secuestrado previamente.

Ante esta situación, más que respuestas, planteo nuevas preguntas: ¿por qué no agilizar aún más los trámites, dejando de lado a las administraciones que velan por la legalidad y justicia del proceso de adopción?, ¿por qué no prescindir del certificado de idoneidad que garantiza la adecuada capacidad y disposición de los adoptantes para hacerse cargo de los menores?, ¿por qué no hacer un catálogo de niños y niñas con un precio establecido o, mejor aún, subastarlos para que quien más dinero tenga pueda escoger a su gusto? ¿por qué no establecer un sistema de devolución en caso de no estar satisfecho con el producto? Y finalmente, inmersos en esta espiral de barbaridades, ¿por qué no abrir una sección para el transplante de órganos a tanto la pieza?.

Estas cuestiones pueden parecer excesivas dentro del debate que se nos plantea, pero si se consienten este tipo de adopciones 'por el bien de todos', como decía al principio, habremos desbordado los principios éticos morales y legales que deben regir estos procesos y ya no seremos capaces de establecer nuevos límites.

La Diputación Foral de Bizkaia conoce, porque vive muy de cerca y a diario, el torrente de emociones que invade a las personas que desean adoptar un niño o una niña; son hombres y mujeres que en muchos casos, no siempre, han pasado años intentando tener un hijo propio, que han agotado las posibilidades que la ciencia les ofrece y buscan, por fin, volcar su cariño hacia un hijo adoptado. Les comprendemos y les ayudamos pero debemos recordar que nuestro primer y más importante compromiso es con los menores.

Con frecuencia oímos decir que los procesos de adopción son largos y complicados. Efectivamente, hay que prepararse para un periodo de espera ya que, aunque el procedimiento en sí mismo no es muy complicado, al intervenir dos países diferentes con un intercambio de información y documentación y, sobre todo, la necesidad de que el proceso ofrezca garantías tanto para el menor adoptado, como para los dos países, como para los padres adoptivos, inevitablemente lleva su tiempo. En este tema, como en otros, lo más rápido no siempre es lo mejor, y en cualquier caso debe quedar claro que no existen atajos.

Si aceptáramos un solo caso de adopción de menores al margen de la ley usando como argumentos el bienestar económico del menor, el alivio de las penurias de su familia natural, y la pronta satisfacción de los deseos de sus futuros padres, estaríamos abriendo definitivamente la puerta a un mercado atroz de compraventa de niños y niñas sustentado en el abismo que separa a los países pobres de los países ricos. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos comparte que el ser humano es persona y en cuanto tal tiene dignidad y no precio, y que sólo desde la arrogancia de la riqueza, desde el egoísmo y desde el desprecio hacia los derechos de las personas se puede justificar la compra de un menor.

Ricardo Ansotegi es diputado foral de Acción Social de Vizcaya.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de septiembre de 2001