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Editorial:

La indagación política

Hay una contradicción entre el énfasis con que los ministros y diputados del PP proclaman que están dispuestos a llegar hasta el final en la investigación de Gescartera y el aplomo con que niegan de entrada que haya o pueda haber cualquier responsabilidad del partido o la Administración en ese escándalo. Esa contradicción resulta sumamente llamativa en vísperas de que se constituya la comisión parlamentaria de investigación, cuyo presidente ha tenido que ser cazado a lazo porque los aliados parlamentarios del PP se resistían a asumir un papel que temen poco digno. Para cerrar el círculo, los portavoces populares dedicaron el debate preliminar del Congreso a repartir advertencias a la oposición.

No ha habido acuerdo sobre la duración de los trabajos de la comisión, aunque los dos meses preestablecidos podrán ser ampliados si así lo estiman los diputados encargados de la investigación. Ocho de los 16 parlamentarios que integran la comisión pertenecen al partido del Gobierno y a sus aliados de CiU y Coalición Canaria; la otra mitad, a los partidos de la oposición. Un reparto que parece razonable a la luz de la composición de la Cámara. A ellos les corresponde verificar si el caso Gescartera esconde o no connivencias entre intereses privados y poderes públicos, de lo que han ido apareciendo numerosos indicios durante las últimas semanas. No basta con proclamar la incompatibilidad congénita del PP con la corrupción, como ayer reiteró el estrepitoso portavoz de ese partido haciendo eco a Aznar. Tampoco basta con la subjetiva convicción del portavoz socialista de que existe 'responsabilidad política directa del Gobierno en este juego de timadores y amigos bien colocados' para darlo por hecho antes de que se haya iniciado la investigación encargada de dilucidarlo.

Pero las advertencias a los socialistas sonaron a amenaza y están fuera de lugar: si hay un diputado del PSOE que retiró su inversión de Gescartera por disponer de información privilegiada deberá responder de ello, pero no aliviaría la responsabilidad política de los organismos de la Administración encargados de que tal cosa no ocurra. Que un consejero de RTVE nombrado a propuesta del PSOE trabaje en una empresa participada por otra que a su vez está relacionada con Gescartera es interesante, pero no lo suficiente como para que las responsabilidades políticas a investigar sean las de la oposición en lugar de las del Gobierno.

Concretamente, debe investigarse si los indicios disponibles permiten deducir, con independencia de que existan delitos penales, que ha habido comportamientos de la Administración que han favorecido el fraude. Por ejemplo, indicios como la conversión de Gescartera en agencia de valores, pese a no cumplir los requisitos establecidos por la CNMV. El pretendido mentís de la CNMV a la información publicada ayer por EL PAÍS lo sería en todo caso a su propio director general, que en carta oficial advertía del incumplimiento de determinadas condiciones, lo que dejaba 'en suspenso' el plazo legal para su inscripción en el registro de agencias de valores y el inicio de su actividad. Ése es el terreno en el que debe indagarse sobre eventuales responsabilidades políticas, que en este caso afectan a un organismo regulador clave para el funcionamiento de los mercados.

De las responsabilidades penales ya se encargan los tribunales. De la experiencia de anteriores comisiones cabe deducir que el mayor riesgo es no delimitar los terrenos respectivos. La Constitución dice que las conclusiones de las comisiones parlamentarias no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales. Pero si ambas avanzan en paralelo existe un riesgo potencial de conflicto. La Constitución considera 'obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras', pero en el caso Rubio (Mariano Rubio, el gobernador del Banco de España) el juez denegó el permiso carcelario para que compareciera en la comisión uno de los imputados, por considerar que hacerlo podría afectar a las garantías individuales: por ejemplo, el derecho a no declarar contra uno mismo. En caso de duda, más vale extremar la prudencia para evitar que un mal paso en la investigación parlamentaria pueda viciar la judicial, y porque las responsabilidades políticas que se investigan en el Parlamento no son las derivadas de eventuales delitos, sino las relacionadas con el mal uso del poder y la influencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de septiembre de 2001