Jugando con fuego

La verdad es que no se entiende muy bien el empecinamiento de José María Aznar por mantener a Josep Piqué en el Consejo de Ministros. Ya resultaba difícil de entender tras haberse tenido conocimiento de la forma en que Josep Piqué entendía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y tras los indicios de que su conducta en la venta de Ertoil podía haber sido constitutiva de delito, que se le premiara con la cartera de Asuntos Exteriores. Pero lo que no creo que nadie pueda entender es que, cuando los primeros indicios racionales de criminalidad se han visto confirmados tras varios años de investigación por el informe del fiscal encargado del caso, avalado por diez de los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno haya optado por una estrategia de defensa numantina de Josep Piqué en el ámbito judicial, con un coste terrible para el prestigio de la Fiscalía General del Estado y para la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia, y por una reafirmación de su confianza en el ámbito político.

La carrera política de Josep Piqué está acabada. La hipoteca del caso Ercross no la puede levantar. Y menos tras la actuación de Jesús Cardenal y José María Aznar. La duda sobre su actividad delictiva le va a acompañar siempre. Y sin posibilidad de despejarla convincentemente ante la sociedad española. A estas alturas del guión, todo lo que no sea una exoneración de responsabilidad por parte del Tribunal Supremo carece de credibilidad ante la opinión pública. Y esa posibilidad se ha cerrado. Incluso en el caso de que, a pesar de las maniobras del fiscal general del Estado, Josep Piqué tuviera que acudir como imputado ante el Tribunal Supremo y éste acabara archivando el asunto o dictando en su día sentencia absolutoria, ya sería demasiado tarde para su rehabilitación política. No se puede poner en práctica en una sociedad democrática de una manera políticamente impune una maniobra de obstrucción a la justicia como la organizada por el presidente del Gobierno y el fiscal general. Puede que Josep Piqué no tenga que acabar respondiendo penalmente por su conducta como consejero de Ercross. Pero políticamente está acabado. Si el PP pensaba en Josep Piqué como posible candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, ya puede ir buscando otro.

¿Por qué, entonces, ese empecinamiento en mantenerlo? ¿Por qué no se le permite que declare como imputado, se defienda y pueda quedar despejada de esta manera cualquier duda sobre su posible responsabilidad penal en la venta de Ertoil? ¿Qué sentido tiene que continúe como ministro de Asuntos Exteriores? ¿Tan insustituible resulta la aportación de Josep Piqué a la acción exterior del Estado?

Son preguntas que se responden por sí mismas. Pero es que hay más. Tras la maniobra de obstrucción a la justicia que se ha puesto en práctica, Josep Piqué no sólo no tiene un futuro político, sino que su presente como ministro de Asuntos Exteriores es un riesgo para el país. Josep Ramoneda ya ha llamado la atención en una de sus columnas dominicales de agosto sobre el deficiente cumplimiento por parte de Josep Piqué de sus obligaciones como ministro y en un tema de tanta importancia para España como las relaciones con Marruecos. Y el mismo día en que es noticia de portada el traslado forzoso del fiscal Bartolomé Vargas y la orden a la Fiscalía Anticorrupción de que no investigue a Josep Piqué, el ministro se descuelga con unas declaraciones a El Mundo sobre la inmigración. ¿Es solamente el rey de Marruecos quien está utilizando la inmigración como una maniobra de distracción de los problemas internos? No se puede tener en ese Ministerio a una persona de la que cabe sospechar que está más preocupado por sus problemas personales que por la gestión de los asuntos públicos. No se puede jugar con fuego en el Ministerio de Asuntos Exteriores.