La tinta del calamar

El alboroto provocado durante las semanas centrales del verano por las primeras informaciones sobre el caso Gescartera asegura a esa audaz operación de vaciado empresarial, realizada con ayuda de la negligencia o de la tolerancia (táchese lo que no convenga) de los órganos estatales encargados de su vigilancia, un espacio central en el curso parlamentario recién inagurado. Trágico por sus consecuencias y cómico por sus formas, este dramón ofrece los rasgos paradigmáticos de los escándalos político-financieros llamados a la celebridad y algunos estigmas propios de la España negra: los altos cargos nombrados por el Gobierno de Aznar para administrar o controlar áreas de la política económica tan vitales como la Agencia Tributaria o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permitieron durante años que el lucrativo tinglado montado por unos avispados brokers con la codiciosa colaboración de mandos de la Guardia Civil y de la Policía, dignatarios de la Iglesia Católica y directivos de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) funcionase a sus anchas. Las investigaciones en curso buscan las pistas del afloramiento de dinero negro, la información privilegiada y el tráfico de influencias; parte de las revelaciones difundidas hasta ahora en algunos medios de comunicación bien pudieran ser datos sesgados que han sido filtrados a cambio de protección periodística por alguna garganta profunda del PP.

A la espera de que las pesquisas de la juez de instrucción de la Audiencia Nacional vayan desenredando los nudos de la trama en lo que respecta a las responsabilidades penales de los inculpados, el Congreso aprobará mañana la creación de una comisión de investigación encargada de dilucidar las eventuales responsabilidades políticas relacionadas con el caso Gescartera. Tras un remoloneo inicial, disimulado bajo la propuesta alternativa de crear una simple subcomisión, el Gobierno hizo suya la iniciativa: sólo hubiese faltado que el PP, entusiasta partidario de las comisiones de encuesta mientras estaba en la oposición, aprovechara ahora ventajistamente su mayoría absoluta en la Cámara para torpedear las peticiones de las minorías. El artículo 76 de la Constitución deslinda claramente los ámbitos de las dos estrategias, complementarias y no excluyentes: las conclusiones de las comisiones parlamentarias no vinculan a los tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que sus resultados sean comunicados al Ministerio Fiscal cuando sea pertinente.

Pese a la nítida diferenciación constitucional entre ambas áreas de competencias, el portavoz del Gobierno sentó cátedra -de derecho criminal- en la rueda de prensa posterior al último consejo de ministros para dictar primero una rotunda sentencia condenatoria -sin tener la cortesía de esperar el pronunciamiento de los tribunales- por un delito de estafa y para concluir después que esa tipificada responsabilidad penal atribuida por el Ejecutivo a los directivos de Gescartera excluye cualquier responsabilidad política concurrente o paralela. Con idéntico desparpajo absolutorio, el secretario general del PP y los medios de comunicación a su servicio tratan de evitar las sucias salpicaduras del escándalo sobre el bruñido prototipo del modelo de centro reformista fabricado por sus ideólogos mediante el incongruente método de remontarse hasta 1992, recordar los escándalos de la etapa socialista y exigir comisiones de investigación en el Parlamento andaluz.

Abraham Lincoln comparó en su día a los partidos políticos que mudan radicalmente de opinión según estén en el poder o la oposición con el borracho belicoso que se pone equivocadamente el abrigo del rival al concluir la pelea. Pero la estrategia del calamar utilizada por el Gobierno para ocultar sus responsabilidades políticas con la tinta de los escándalos socialistas del pasado está llevando esa inversión de papeles hasta extremos no ya inverosímiles sino ridículos. ¿Han perdido vigencia los latinajos utilizados antaño por Cascos para justificar las exigencias de dimisión de los miembros del Gobierno socialista a cuenta de las responsabilidades políticas in eligendo o in vigilando a sus subordinados? ¿Y qué no habría dicho y hecho Ramallo cuando era diputado de la oposición si un vicepresidente de la CNMV de la época del PSOE hubiese recibido en circunstancias cuando menos confusas un reloj de dos millones del responsable de un chiringuito financiero?.