El Ayuntamiento de Terrassa admite que conocía la relación de Riera con los 'okupas'
Que Laura Riera pertenecía al movimiento okupa no era un secreto para nadie, pero ello no es motivo de despido laboral. En opinión del alcalde de Terrassa, el socialista Manuel Royes, 'lo importante es que el personal haga bien su trabajo, lo que haga fuera no es asunto nuestro'. Además, continúa Royes, la Intervención General del Ayuntamiento resolvió que la 'forma de contratación de Riera había sido la correcta y, basándose en la presunción de inocencia', decidió que continuara en su trabajo.
Riera, la joven de 23 años encarcelada por facilitar presuntamente datos a los miembros del comando Barcelona de ETA, trabajó de forma eventual en el consistorio. La primera vez fue con carácter temporal desde el día 12 de abril hasta el 30 de septiembre de 1999 en calidad de ayudante administrativa adscrita a la Unidad de Gestión Censal y Tributaria del Departamento de Multas. Desde el 1 de octubre de 2000 hasta el 15 de mayo de 2001 pasó a ser auxiliar administrativa en el mismo departamento, aunque el 29 de enero fue adscrita a la Unidad de Planificación y Seguimiento Económico. 'Con un número de matrícula, la máxima información que podía obtener era el nombre del propietario, algo que te proporciona la Jefatura de Tráfico por 600 pesetas, pero no al revés', afirma Royes. La finalización del contrato de Riera nada tiene que ver con 'la detención de Zigor Larredonda [miembro del colectivo okupa de Terrassa detenido en 2000 por presunta colaboración con ETA]', subraya el alcalde. 'Simplemente', añade, 'la joven no pasó las oposiciones'.
Información policial
El mismo mes que Riera empezaba a trabajar en el Ayuntamiento, el Sindicato Profesional de la Policía Municipal de Terrassa enviaba una carta al departamento de Personal del consistorio en la que solicitaba la confirmación de la contratación de Laura Riera y los criterios de selección de su puesto de trabajo. Lo que preocupaba al sindicato, según su secretario, José Antonio Mota, no era que Riera hubiera sido contratada, sino el departamento al que había sido adscrita; 'porque podía acceder a la base de datos y temíamos represalias', señala Mota. Riera fue 'detenida en 1999 en una manifestación okupa en la que se lanzaron objetos contra la fachada del Ayuntamiento y aquel año el movimiento okupa había sido especialmente violento'.
Una semana después el Ayuntamiento respondía a la carta y el mismo día la policía enviaba un escrito al fiscal de Terrassa en el que expresaba su preocupación por el contrato de Riera por su vinculación con el mundo okupa, pero en ningún momento se hace mención alguna a una posible colaboración con ETA. La Fiscalía envió la carta al fiscal general del Estado para que se pronunciara y éste resolvió que no había motivo alguno para despedir a Riera.
