La Mancomunidad pide a Anticorrupción que investigue la gestión de Gil

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción el informe realizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que alertaba de 'graves irregularidades contables' durante el periodo en que Jesús Gil y Gil presidió el organismo supramunicipal. La comisión gestora aprobó ayer esta medida con el voto favorable de todos los miembros, excepto Marbella.

Las irregularidades contables detectadas por la Cámara de Cuentas se sitúan en los ejercicios de 1997 y 1998, etapa en que el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, ocupaba la presidencia de la Mancomunidad.

El ente supramunicipal pretende ahora que se investiguen por la vía penal las deficiencias detectadas durante la presidencia de Gil, particularmente en la contratación de la polémica planta desaladora, cuyo coste supera los 11.000 millones de pesetas. En la reunión que celebró en la mañana de ayer la comisión gestora, sólo uno de los 11 ayuntamientos integrados en la institución; el de Marbella, gobernado por el GIL, votó en contra de la medida.

El organismo quiere que se investigue el paradero de los 150 millones de pesetas que la concesionaria de la desaladora pagó a la empresa municipal marbellí Planeamiento 2.000 por la expropiación de los terrenos en los que está ubicada la planta y que Jesús Gil escrituró a nombre de Marbella 'de forma ilegal', según el presidente,Manuel Sánchez Bracho (PP).

Ese dinero nunca llegó a ingresar en las arcas de la Mancomunidad. 'Desconocemos dónde está el dinero y sólo sabemos que fue recibido por Juan Antonio Roca [gerente de Urbanismo de Marbella]', dijo Sánchez Bracho, que añadió que 'la Fiscalía Anticorrupción debe evitar que se produzcan más hechos como éstos'.

El presidente de la Mancomunidad volvió a exigir a Gil que ponga 'de una vez por todas' a nombre del organismo los terrenos de la desaladora. Este es uno de los temas que más preocupan a los municipios costasoleños, ya que fue una de las condiciones impuestas por el Gobierno para hacerse cargo de su coste, que hasta ahora no ha sido abordado por ninguna institución.

'Estamos esperando que de un momento a otro el Gobierno lleve a cabo la operación de compra de la desaladora, y no podemos hacer esto sin que tengamos los terrenos. Esto podría suponer un importante retraso y evitaría que la Costa del Sol tenga la desaladora', explicó Sánchez Bracho, que anunció que en caso contrario recurrirá a la vía contencioso administrativa y penal contra Gil 'si hace falta', para recuperar los terrenos. No obstante, confió en que 'finalmente se imponga la seriedad'.

Marbella no cede

Sin embargo, el consistorio marbellí no parece dispuesto a atender esta petición. 'Los terrenos son del Ayuntamiento de Marbella y eso siempre los vamos a defender lo manden donde lo manden', dijo ayer el primer teniente de alcalde, Julián Muñoz, que reiteró la intención de Gil y Gil de abandonar la institución, algo que dudan los responsables del organismo, que cifran en más de 40.000 millones de pesetas el coste que supondrá al municipio acometer los servicios que recibe del ente supramunicipal.

La dirección de la obra es otro de los aspectos que la Mancomunidad considera que la Fiscalía debe investigar a fondo junto con el desvío de estos 150 millones de pesetas. En su informe, la Cámara de Cuentas señala que se cometieron 'graves defectos en el expediente de expropiación'.

De hecho en sus conclusiones los auditores señalaban la 'ausencia' de razones para que la dirección de la obra, que a su juicio 'debió ser contratada directamente', pasara de la Mancomunidad a Acosol, de ésta a Mancosol Urbanismo y de ahí a Aragall Hispania, sociedad constituida en los meses anteriores a la firma del contrato y cuyo accionista principal, con más del 99 % reside en Irlanda.

El resto de los puntos del pleno fueron aprobados por unanimidad. La comisión gestora penalizó ayer a Decosol -concesionaria de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de Casares- con más de 58 millones de pesetas por incumplir los servicios mínimos durante los más de 20 días que duró la huelga de los trabajadores.

La protesta provocó el cierre de la planta y obligó a los municipios mancomunados a trasladar sus basuras a Málaga. También ha desestimado la revisión del canon y de las tarifas como pide la empresa hasta que se realice una auditoría para conocer el coste real del servicio de recogida de basuras, y ha aprobado la ampliación de la planta, que supondrá una inversión de 800 millones de pesetas que serán financiados a través de los fondos europeos.