Aprendiendo a gestionar el bosque

La rentabilidad de los bosques de Cataluña está más que en entredicho. El abandono de las actividades forestales es un hecho; los incendios encuentran un marco idóneo para su propagación y las zonas quemadas en los grandes fuegos de la década de 1990 pueden acabar convertidas en semidesiertos de matorrales si nadie lo evita, porque los payeses y los propietarios forestales no están en situación de dedicar horas y esfuerzos a tareas de las que no pueden obtener ni un mínimo beneficio, por escaso que sea.

La Diputación de Barcelona está impulsando un nuevo modelo de gestión del bosque en lo que se considera que podría abrir el camino hacia una solución o como mínimo provocar algún movimiento en la actual situación capaz de alterar el funcionamiento del mercado de la madera. Desde el ente provincial se ha iniciado un proceso para impulsar la aparición de asociaciones de propietarios de modo que la gestión del bosque se realice dentro de unos mejores criterios económicos.

Los agricultores quieren influir en el precio de la madera y evitar que lo fije sólo el comprador

Ignasi Castelló, responsable de la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona, considera que sólo la unión de los propietarios forestales puede suponer que la explotación del bosque se realice con unos costes más bajos y que varíen las actuales condiciones del mercado, porque en estos momentos quien fija el precio de la madera es el comprador, y lo interesante para el agricultor sería que el precio fuese una referencia impuesta por el vendedor. La asociación de propietarios es un modelo que ya está ampliamente extendido en Alemania y en Francia, pero que no ha conseguido arraigar todavía en el mundo forestal catalán, aunque sí lo ha hecho en otros sectores que también tienen relación con la agricultura y la ganadería.

Castelló impulsó la creación de la primera asociación de propietarios después del último gran incendio forestal de Cataluña, que en 1998 quemó 27.000 hectáreas de bosques y zonas de cultivo de las comarcas del Bages y del Solsonès. Aquel incendio amplió la enorme mancha negra que ya había dejado sobre la Cataluña central un fuego anterior declarado en 1994.

No fue una tarea fácil porque sólo 6 de los más de 50 propietarios forestales afectados se pusieron de acuerdo para iniciar la experiencia. La tradicional desconfianza en cualquier modelo nuevo; la avanzada edad de alguno de los propietarios y el desánimo que se extendió tras la catástrofe impidieron, en un primer momento, el avance de la iniciativa. A la situación de desánimo inicial contribuyeron otros aspectos como el calamitoso balance económico de la gestión de los bosques y la visión de corto plazo de los propietarios.

Junto con los nueve primeros propietarios, la Diputación inició un estudio minucioso de la zona que hay que tratar y de las operaciones que se debían llevar a cabo, como talar la parte quemada de los bosques, elegir los mejores tallos de encinas y robles -que son las especies autóctonas de la zona y las que más fácilmente se repueblan-, y, sobre todo, replantar áreas donde es imposible la regeneración espontánea o donde se desea la reaparición de una especie que era dominante antes del fuego y que prácticamente desapareció tras el incendio (la pinassa o pino negral).

Además, los técnicos estudiaron el coste por hectárea de terreno de cada una de estas operaciones y, paralelamente, se programaron los trabajos que realizar, primero dentro de un plan marco y después en los programas anuales que elaboran y aprueban los propietarios implicados en el proyecto.

En el año 2000, la Diputación invirtió casi 60 millones de pesetas en el proyecto y consiguió implicar a los propietarios hasta el punto de que algunos realizaron parte de las tareas encomendadas y por las que más tarde recibieron la correspondiente retribución.

El ejemplo se extendió en otros puntos de Cataluña. Durante el mismo año 2000 surgieron nuevas iniciativas en el Berguedà, en la zona de Puig-reig, Sagàs, Casserres, Olvan, Montclar, La Quar, Santa Maria de Merlès y Viver i Serrateix; así como en el Bages, concretamente en Santpedor, Navàs, Castellnou de Bages y Súria. El ente provincial de propietarios se ha comprometido a seguir invirtiendo, pero siempre a través de proyectos aprobados por las respectivas asociaciones y supervisados por los técnicos de la Diputación.

En la zona de Puig-reig están implicados 21 propietarios que controlan una zona de 40.090 hectáreas, en la primera del Bages se trabajó sobre una zona de 26.000 hectáreas, y en la segunda de esta comarca hay más de 40 propietarios con unas 15.000 hectáreas para tratar.

Además, los nuevos enfoques en las zonas de bosque que necesitaban ayuda institucionalse se hicieron extensivos a la zonas verdes. Desde el Ayuntamiento de La Pobla de Lillet se quiere llevar a cabo un modelo similar para la explotación de los bosques comunales y de los de otros propietarios de Castellar de n'Hug, Guardiola de Berguedà y Sant Julià de Cerdanyola. Esta colaboración entre los ayuntamientos y la Diputación anuncia la celebración el próximo otoño de una feria de maquinaria forestal. La Administración y los propietarios saben que la nueva maquinaria abaratará los costes de explotación.