La oposición critica la falta de control de los conciertos públicos con clínicas privadas

'Está claro que han fallado las alarmas', subrayó ayer el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, José Camarasa. Dos la semana pasada y cuatro ésta, el goteo de fallecidos en un lapso de nueve días, 'es una concentración de casos llamativa que la Generalitat valenciana debería haber detectado', prosiguió Camarasa.

Los partidos PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU) exigen de los gestores sanitarios una explicación de estas muertes 'porque la respuesta de Sanidad ha sido hasta ahora más para justificarse que para aclarar las causas', señalaron parlamentarios de ambas formaciones. Exigen la comparecencia parlamentaria del consejero valenciano de Sanidad, Serafín Castellano (PP), para que rinda cuentas.

No será la primera vez. La sanidad pública valenciana se ha visto afectada estos últimos años por un goteo constante de casos en los que parecen haber fallado todas las alarmas. Estos hechos 'se dan como consecuencia de la desastrosa política sanitaria del Partido Popular', según el parlamentario de EU, Alfred Botella, que acusa al Gobierno popular, de convertir 'un servicio esencial como el sanitario en un negocio para unos cuantos'.

La política de conciertos con clínicas privadas ha sido una de las prioridades de la Administración popular. En mayo de 1996, el Gobierno valenciano puso en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera de pacientes de la red pública. Esta política, concebida como una medida coyuntural, se ha consolidado cinco años después de su entrada en vigor.

El presupuesto destinado al plan de choque - unos 1.000 millones de pesetas anuales- se ha multiplicado por tres. Existen áreas en las que se ha optado por el concierto sistemático y no por la optimización del servicio público, critica la oposición. Y, en el caso valenciano, el grupo privado más favorecido ha sido Nisa, con tres de sus centros -Virgen del Consuelo, Valencia al Mar y 9 d'Octubre- concertados con la Generalitat. Este grupo, participado por la familia Lladró, ha sido centro de las críticas de la oposición por la vinculación de algunos de sus accionistas con la Administración del PP.

La lista de casos relacionados con el plan de choque son varios. El caso Maeso, en el que decenas de pacientes fueron contagiados de hepatitis en centros concertados con la Generalitat, el caso de Marina Ocaña, paciente de 4 años que murió en 1997 tras ser operada de vegetaciones en la clínica privada Mare Nostrum de Alicante, o ahora el caso del servicio de hemodiálisis del centro Virgen del Consuelo.