El suelo: el cuento de nunca acabar

Recientemente se publicaba un artículo de Joaquín Leguina (EL PAÍS, 17-08-2001) en el que se reproduce una preocupación por lo que pasa en el urbanismo de este país. La sensación de estas reflexiones y otras de dirigentes políticos de todo signo es de cierto tono monocorde en el planteamiento del problema; se utilizan siempre los mismos argumentos: liberalización, intervención, especulación, actuaciones concretas que se utilizan como arma arrojadiza en la arena política, etcétera. Como complemento a ello se legisla de manera abrumadora y a la ligera, pretendiendo con estas leyes solucionar de una vez el asunto prometiendo la venida del paraíso, leyes que para rematar el asunto son sistemáticamente retocadas por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el funcionamiento del mercado de suelo, el diseño y la desordenación del territorio siguen discurriendo por los mismos cauces, bien conocidos por los operadores que intervienen de un modo u otro en él, públicos y privados, y que no experimenta ninguna alteración significativa; en un submundo regido por unas prácticas muy conocidas, donde se hacen importantes negocios de los que nadie con resonancia pública osa hablar; no basta con demonizar al especulador y a la gran banca por la retención de suelo, porque estas actividades son legales y legítimas, y se practican en muchas otras facetas de la actividad económica y nadie se rasga las vestiduras por ello. Lo que hay que impedir es que especular con suelo sea tan fácil, tan barato y tan seguro, y evitar que esas prácticas tan demonizadas cuando las ejecutan los ciudadanos sean realizadas con todo descaro por las propias administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, por no hablar de los grandes terratenientes públicos como el Ministerio de Defensa o Renfe.

Las preguntas quizá son otras, y la raíz del problema institucional -habría que ver qué pasa en la administración local española, que es donde está el meollo del problema-, cuáles son sus recursos, los controles de legalidad de su funcionamiento, por qué el urbanismo ocupa una posición tan central en la vida municipal y si eso es razonable y no es causa inevitable de corrupción.