Escuadrones de la muerte en Bielorrusia

La misteriosa muerte o desaparición de varios prominentes políticos que podrían haber hecho sombra al líder bielorruso, el autoritario y populista Alexandr Lukashenko, domina la envenenada campaña para las elecciones presidenciales que se celebran el 9 de septiembre en Bielorrusia. En vísperas de los comicios, el actual presidente aprovecha todos los instrumentos a su alcance, desde las técnicas de propaganda y calumnia de inspiración soviética al hostigamiento, para combatir a los dos candidatos que se han atrevido a desafiarle y los medios de información que les apoyan.

A medida que se acercan los comicios, las tensiones van en aumento. La coalición de partidos y organizaciones que respaldan a Vladímir Gonchárik, un líder sindical sin carisma que es el principal candidato de la oposición, ha acusado a Lukashenko de haber organizado la muerte o el secuestro de media docena de personas, entre ellas tres políticos que hubieran podido ser peligrosos rivales para él.

Según la oposición, una unidad de operaciones especiales del Ministerio del Interior habría asesinado a los tres políticos desaparecidos

Estas acusaciones, según las cuales en Bielorrusia han existido o existen escuadrones de la muerte, vinculados al presidente y sus instituciones de seguridad, se apoyan en las declaraciones de diversos ex funcionarios. Desde el anonimato o desde el extranjero, personajes que se distancian del régimen cuentan retazos de una historia que, de ser cierta, comprometería seriamente al presidente. Los testimonios han aparecido a lo largo de las últimas semanas en los medios de prensa que apoyan al candidato Gonchárik. Pese a que estos medios son minoritarios y no pueden compararse a la apabullante propaganda oficial de Lukashenko, el régimen da muestras de nerviosismo.

En la lista de personas muertas o desaparecidas por la cual la oposición pide explicaciones a Lukashenko hay un total de seis nombres (tres políticos, un hombre de negocios amigo de uno de ellos, un analista político y un cámara de la televisión), además de un ex diputado parlamentario crítico, que lleva cuatro años en la cárcel acusado de delitos económicos.

El grueso de las acusaciones contra el presidente se centra en tres personajes, todos los cuales desaparecieron en 1999. Se trata de los ex vicepresidentes del Soviet Supremo Guennadi Karpenko y Víctor Gonchar y el general Yuri Zajárenko, ex ministro de Defensa. Karpenko y Gonchar desempeñaron un importante papel en el Sóviet Supremo, el antiguo Parlamento, que el presidente disolvió en el golpe de Estado de 1996. Entonces, con ayuda de un referéndum que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, Lukashenko liquidó el Legislativo (que sustituyó por una nueva asamblea más dócil) e hizo aprobar una Constitución cortada a su medida. Lukashenko consiguió un amplio respaldo de la población a base de una retórica populista y una campaña contra la corrupción que no ha impedido que este mal se haya desarrollado también en el entorno presidencial. Lukashenko gobierna a su antojo y esto, con el tiempo, se ha convertido en un problema para parte de los sectores que le apoyaron y que hoy no se pueden mover sin el permiso del presidente.

Karpenko falleció de repente en abril de 1999 a consecuencia de una hemorragia cerebral, según la versión oficial. Hasta hoy, su esposa, Liudmila, y sus familiares no creen que su muerte, acaecida tras un misterioso encuentro, haya sido natural. Gonchar desapareció sin dejar rastro en mayo del mismo año en compañía de un amigo empresario, y Zajárenko se evaporó en septiembre de 1999. Todos ellos eran líderes del Partido Civil Unido (PCU), una formación de carácter liberal que está hoy integrada en la coalición que apoya a Gonchárik. Anatoli Liabedzka, el presidente del PCU, cree estar ante varios casos de 'asesinato político'. Su partido ha convertido la ofensiva por la verdad en un hábil instrumento de la campaña electoral contra Lukashenko. Otros instrumentos, como un programa común de la oposición, han sido mucho más difíciles de elaborar, ya que el conglomerado de fuerzas que se aglutina tras Gonchárik incluye a sectores con intereses divergentes, tales como miembros de la antigua burocracia soviética, descontentos con Lukashenko, y políticos de corte liberal.

Según los documentos y revelaciones que la oposición difunde estos días en Bielorrusia, una unidad de operaciones especiales dependiente del Ministerio del Interior habría asesinado a los políticos desaparecidos con ayuda de la pistola con la cual se ejecutan las sentencias de muerte en la prisión central de Minsk. Toda esta operación habría sido sancionada por el ex jefe del Consejo de Seguridad y hoy fiscal general del Estado, Víctor Sheíman, uno de los pocos colaboradores de Lukashenko que ha sobrevivido a las distintas renovaciones del equipo presidencial.

Recientemente, el ex jefe de la cárcel central de Minsk, Oleg Alkáiev, ha echado leña al fuego del escándalo al asegurar públicamente que el jefe de la unidad de operaciones especiales dependiente del Ministerio del Interior había recibido en préstamo la pistola coincidiendo con las fechas en las cuales habían desaparecido los políticos. A su vez, un ex soldado que hizo su servicio militar en las tropas del Ministerio del Interior en 1999 ha contado, sin revelar su identidad, en un vídeo que en su unidad había un grupo especial destinado a cumplir misiones secretas. El grupo especial salía una vez por semana en coches con matrículas falsas. A mediados de septiembre de 1999, este grupo habría raptado a dos personas, las habría asesinado y luego enterrado en una fosa no lejos del emplazamiento del cuartel en las cercanías de la localidad de Begomlen. Los soldados habrían sido obligados a cavar un hoyo y a enterrar en él los dos vehículos en los que se habían desplazado. 'Sé que cuando mataron a esta gente lo hicieron en nombre del presidente', señalaba el anónimo testigo. Después de la operación, todos sus participantes recibieron dinero de parte del ministro del Interior. Según el testigo, el ministro se lo había dado 'para que se tranquilizaran moralmente'.

El asunto de las desapariciones se ha complicado esta semana con las declaraciones de unos funcionarios del KGB que han acusado a los dirigentes del Estado de haber asesinado a Gonchar y su amigo el empresario. Los funcionarios indicaban incluso el lugar donde estaban enterrados los cadáveres, y las autoridades bielorrusas, acompañadas de periodistas, cavaron una profunda fosa sin encontrar nada. Gonchárik ha enviado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, los documentos sobre las desapariciones, pero es poco probable que el presidente ruso, extremadamente precavido, se pronuncie sobre ese tema, que afecta a uno de sus más estrechos aliados.

Mientras tanto, en Estados Unidos el Departamento de Estado ha pedido una investigación seria de las acusaciones que pesan sobre Lukashenko. Y la televisión estatal bielorrusa defiende al presidente con películas de corte policial soviético en las cuales se viene a decir que la CIA norteamericana es la verdadera culpable de la desaparición del periodista ucraniano Gueorgui Gongadze y también de todas las desapariciones políticas que se han producido en Bielorrusia.

En tanto no se esclarece el tema, algunos observadores de la política bielorusia consideran las declaraciones de distintos funcionarios en contra del régimen de Lukashenko como el síntoma de diferencias internas y de la necesidad de asegurarse un futuro al margen de un personaje que, por su estilo personal y autocrático, impide el desarrollo de una nueva nomenklatura con sus intereses propios. Parte de esa nomenklatura está hoy abiertamente en la oposición, y parte parece trabajar entre bastidores en contra de Lukashenko.