Globalizar la persecución

La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha decidido dar el salto de la denuncia pública a la acción judicial. Un nuevo proyecto de la organización, bautizado con el significativo nombre de Red Damocles, perseguirá por todo el mundo a quienes violan por sistema la libertad de prensa. La idea fue presentada ayer por el secretario general de la organización, Robert Ménard, en un curso de verano de la Universidad Complutense titulado La información perseguida: violencia, periodismo y globalización.

Ménard recordó que el 95% de los 750 asesinatos de periodistas cometidos en el mundo en los últimos 15 años han quedado impunes y aseguró que cada vez son más frecuentes las desapariciones de periodistas en países como Bielorrusia o Ucrania. A su juicio, esto demuestra que 'firmar textos en defensa de los derechos humanos no implica su cumplimiento por parte de los países firmantes, aunque a veces se presente como un avance importante'.

El primer objetivo de la Red Damocles, formada por corresponsales de RSF, asociaciones humanitarias y abogados, será, según explicó Ménard, colaborar con los jueces que llevan la delantera en todo el mundo a los Gobiernos en la globalización de la justicia. En primer lugar, la red elaborará una lista mundial de los principales represores de la libertad de prensa, entre ellos, numerosos jefes de Estado, terroristas, guerrilleros y paramilitares.

El siguiente fin será seguir de cerca los pasos de los responsables o instigadores de asesinatos, torturas y encarcelamientos de periodistas, en espera de que aterricen en un país donde haya jueces dispuestos a detenerles y juzgarles. 'Ya existen personas que no viajan a países democráticos por temor a esta acción judicial', señaló Ménard.

Fernando Castelló, presidente internacional de RSF, explicó que el proyecto quiere aprovechar 'el nuevo principio de competencia universal, con el cual se ha empezado a aplicar la defensa de los derechos humanos con actuaciones concretas de jueces como el español Baltasar Garzón, el argentino Gabriel Cavallo o el colectivo de los jueces belgas, quienes se han atribuido a sí mismos el derecho a la injerencia humanitaria'.

Los dos magistrados citados por Castelló participaron ayer en el seminario. Garzón lanzó la siguiente propuesta: 'Podría tener sentido que la libertad de expresión tuviera un grado especialísimo de protección mediante su inserción entre los crímenes de lesa humanidad'.

Gabriel Cavallo, quien declaró en marzo inconstitucionales las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final (el fallo está pendiente de ratificación por la Corte Suprema argentina), se mostró escéptico respecto a que los Gobiernos de todo el mundo estén dispuestos a limitar su soberanía para que pueda hacerse efectiva la creación de un tribunal penal internacional. Cavallo valoró que, mientras se consiguen las 60 ratificaciones necesarias para poner en marcha un tribunal específico, 'se intensifique la colaboración entre jueces de distintos países'.