Un total de 2.244 condenados por los jueces de Madrid están en situación de busca y captura

Un total de 2.244 ciudadanos se hallan en la actualidad en situación de búsqueda y captura por tener pendiente el cumplimiento de sus condenas o por no haber comparecido a las citaciones de jueces de Madrid. Sobre estas personas pesan sentencias condenatorias firmes, de hasta cinco años de prisión, que no han cumplido por hallarse en paradero desconocido. La policía acude a los domicilios en los que dijeron vivir durante el juicio y no los encuentran. También hay condenados que se hallan en esta situación porque han cambiado de domicilio sin haberlo comunicado previamente al juez.

Las órdenes de búsqueda contra estas personas han sido dictadas por los cuatro jueces de ejecutorias que hay en la plaza de Castilla de Madrid. Estos magistrados se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los 23 juzgados de lo penal de la capital madrileña. En la actualidad, estos jueces tienen en sus juzgados unas 20.000 sentencias pendientes de ser cumplidas, 5.000 menos que hace tres años. 'Unas no se han ejecutado aún porque no aparece el reo, y otras se hallan en trámite de cumplimiento', según fuentes judiciales. 'Si la pena es, por ejemplo, el pago de una multa y el reo la está pagando a plazos, la sentencia no se considera ejecutada hasta que se cubre la totalidad del importe'. Cumplir una sentencia no es el único motivo que puede llevar a los jueces y tribunales de Madrid a decretar la búsqueda de alguien. No asistir a un juicio o a un interrogatorio tras ser llamado más de tres veces puede desatar esta orden.

La cifra de 2.244 personas en situación de búsqueda se refiere únicamente a casos ya enjuiciados que proceden de los juzgados de lo penal (que juzgan delitos con penas inferiores a cinco años de cárcel), pero no incluyen las búsquedas decretadas por los juzgados de instrucción (los que investigan delitos) ni las dictadas por la Audiencia de Madrid (que juzga delitos con penas superiores a cinco años: asesinatos, narcotráfico a gran escala, etcétera).

Esta última instancia judicial tenía hace dos años cerca de un millar de personas en búsqueda y captura. Cabe la posibilidad de que sobre una misma persona recaigan varias órdenes de captura simultáneas procedentes de distintos jueces. 'Casi la mitad de los buscados son inmigrantes, personas que no tienen un domicilio fijo en Madrid', según fuentes jurídicas.

Los jueces ordenan que se les busque para comunicarles que deben cumplir la condena que se les ha impuesto (prisión, abono de multas e indemnizaciones a víctimas, trabajos de utilidad pública... ). Los huidos asistieron al juicio, algunos esposados y otros no, pero luego desaparecieron sin dejar rastro.

Los jueces, al emitir sus órdenes, distinguen entre búsqueda y captura, y búsqueda para disposición judicial. De las 2.244 personas que se buscan, 1.260 tienen órden de captura, ya sea porque el afectado estaba preso y no regresó a la cárcel tras disfrutar de un permiso, o bien porque ha cambiado de domicilio y se halla ilocalizable para obligarle a cumplir la condena. El resto de reos, 984, están en la llamada lista de búsqueda y puesta a disposición judicial.

El listado de reos buscados por los jueces cambia constantemente, ya que las fuerzas de seguridad detienen a diario en Madrid a cerca de una decena de personas e incluyen en sus ficheros a otras distintas.

Centros de desintoxicación

Asimismo, los cuatro jueces de ejecutorias de la plaza de Castilla de Madrid tienen en la actualidad a 188 personas en centros de desintoxicación de drogas. Son personas que han cometido un delito y que los jueces prefieren que se rehabiliten en granjas, en lugar de en cárceles, por entender que la adicción a la droga fue la causa de sus fechorías.

La mayor parte de las veces el delito que se imputa a estos toxicómanos es el robo. Para que el juez sustituya la pena de prisión por el ingreso en una granja, basta que la pena impuesta no supere los tres años de cárcel y que haya una voluntad real del condenado de rehabilitarse. También es preciso que la sentencia recoja esta circunstancia como atenuante de la condena.

Cuando los jueces estiman que el autor del delito padece un trastorno mental y que éste influyó en el hecho delictivo, lo absuelven por inimputable y lo envían a un centro especializado para que reciba tratamiento. Si el reo es un peligro para la sociedad, entonces se le envía a un centro psiquiátrico penitenciario cerrado.

El caso de Francisco García Escalero, el mendigo psicópata, el mayor asesino en serie de la historia de Madrid, es un ejemplo. Fue absuelto de una quincena de asesinatos y en la actualidad se halla en el módulo de psiquiatría del penal de Fontcalent (Alicante). Los jueces de ejecutorias de Madrid han enviado en lo que va de 2001 a 60 individuos a centros de este tipo.