La policía desaloja por sorpresa y sin incidentes El Laboratorio, el centro 'okupa' más activo de Madrid

El Laboratorio II, el centro okupa con más actividades de la ciudad, ubicado en la plaza de Cabestreros (Lavapiés), fue desalojado ayer por sorpresa. Hacia las siete de la mañana, decenas de agentes antidisturbios rodearon el edificio y obligaron a salir a los 20 jóvenes que dormían en él, sin que se produjeran incidentes. La expulsión, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 43, pilló desprevenidos a los habitantes de esta finca, que llevaba 22 años vacía cuando ellos la okuparon en enero de 1999. Ellos esperaban que la medida se ejecutase en septiembre y se quejaron de que no se hubiera avisado a su abogado. El pasado marzo, el juez ya pidió su desalojo 'inmediato' a instancias de los propietarios, pero la Audiencia Provincial lo suspendió.

'Estábamos durmiendo y nos despertamos por unos golpes en la puerta; cuando salimos a los balcones vimos a un montón de antidisturbios que nos apuntaban con escopetas lanzapelotas y nos mandaban meternos dentro. En unos minutos ya estaban en nuestras habitaciones, suponemos que algunos entraron por el tejado', relató Marta, una de las habitantes de este bloque de ladrillo visto, con 12 pisos en tres plantas, terraza y garajes, okupado desde el 6 de enero de 1999 como vivienda y centro social. 'Su actitud era agresiva. No pegaron a nadie porque ninguno de nosotros ofreció resistencia, aunque sí nos dieron algunos empujones. Nos metieron prisa para coger nuestras cosas y en media hora estábamos fuera', añadió.

'La policía siempre entra en los centros okupas con mucha tensión, de forma desproporcionada en número y en actitud; no sé qué piensan que les vamos a hacer. Luego, al ver que dormíamos, se han relajado algo', comentaron Arantxa y Anouk, otras desalojadas. La mayor tensión se vivió cuando los okupas pidieron que la comisión judicial mostrase la orden de desalojo a una abogada y le permitiese estar presente en el registro del edificio solicitado por el dueño. 'Nos lo negaron y nos mantenían alejados de la casa. Como insistíamos, los agentes nos empujaron con unas vallas de obra para impedir que nos acercáramos al edificio', aseguraron estas jóvenes.

Al final la letrada pudo ver la orden de expulsión, pero no presenciar el registro. 'Tampoco al principio nos dejaban sacar más enseres, pero luego llegamos a un acuerdo', agregaron varios okupas.Durante toda la mañana, una treintena de jóvenes (los expulsados y amigos suyos) permaneció arremolinada, de forma pacífica, en torno a la plaza de Cabestreros. Dos de ellos colaboraron con los operarios municipales para sacar enseres del edificio, aunque buena parte de los ordenadores, equipos de música y otros objetos ya los habían puesto a buen recaudo en marzo, cuando les llegó la primera orden de desalojo. El tráfico estuvo cortado en la calle de Mesón de Paredes hasta que, al mediodía, el edificio quedó clausurado.

Los okupas de El Laboratorio II no esperaban ser desalojados hasta septiembre. El pasado 17 de julio, el juzgado de instrucción número 43 les dio un plazo de un mes para abandonar el edificio de forma voluntaria. Pero aseguran que la procuradora que lleva su caso les explicó que agosto es inhábil para los desahucios y que, por lo tanto, el plazo se prolongaba hasta el 17 de septiembre. 'Teníamos organizado un encierro y una manifestación para impedir el desalojo, pero nos ha pillado con la guardia baja', explicaban, al tiempo que se quejaban de que sus abogados no hubieran sido avisados ayer.

En realidad, el juzgado ya había ordenado su desalojo 'inmediato' en marzo por mandato de la sección 15ª de la Audiencia Provincial. Pero este mismo tribunal paró la medida una semana después atendiendo a la queja presentada por los okupas a través de su abogado habitual, Endika Zulueta. Consideraban que se había vulnerado su derecho a la defensa por no haberles permitido formular alegaciones a la petición de desalojo del propietario (que ayer no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación). También planteaban que al haber un diputado regional de IU (Juan Ramón Sanz) autoinculpado como okupa como gesto de apoyo, la causa debía pasar al Tribunal Superior de Justicia.

Un mes después, el Tribunal Superior se declaró no competente en el caso alegando que era imposible afirmar que el parlamentario hubiera participado en la okupación. Pero el propio Sanz reiteró ante los magistrados, mediante un escrito, su condición de okupa, con lo que tuvieron que volver a decidir sobre el asunto, de nuevo de forma negativa.

El último cartucho de los okupas -presentar alegaciones ante la Audiencia- tampoco sirvió para parar el desalojo, que finalmente se ejecutó ayer.

Los jóvenes que vivían y desarrollaban actividades culturales y de ocio en este edificio cuentan con el apoyo de IU y de la red de colectivos de Lavapiés, formada por la Asociación de Vecinos La Corrala, varias agrupaciones de inmigrantes senegaleses y marroquíes como AISE y AEME, Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). En la manifestación contra el desalojo celebrada el pasado 4 de abril en Lavapiés -que congregó a un millar de personas- participaron miembros de todas estas entidades.

Eduardo Gutiérrez, responsable de Urbanismo de La Corrala, cree que, con el cierre de El Laboratorio II, el barrio 'pierde un espacio de actividades y reuniones que hace falta'. 'No entendemos cómo el Ayuntamiento permite que un edificio habitable permanezca vacío 22 años sin expropiarlo, en un vecindario con tantas necesidades sociales y donde, según los propios datos municipales, una de cada tres casas está vacía', afirma.

Peticiones de diálogo La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, cree que 'el PP ha desoído las peticiones de diálogo de los grupos afectados y de diversos colectivos de Lavapiés que apoyaban la actividad del centro'. El portavoz municipal del PSOE, Rafael Simancas, reclama al consistorio 'que profundice y dé solución a los problemas de alcance que laten bajo estos episodios, como la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda y la ausencia de espacios públicos para el desarrollo de actividades sociales, lúdicas y culturales'.

Por su parte, el alcalde en funciones y edil de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, declaró que el Consistorio no puede intervenir en el desalojo 'porque es el resultado de una resolución judicial ante la reclamación del propietario del inmueble'.

Estos okupas, con el apoyo de IU y las asociaciones vecinales, se entrevistaron en abril con las consejeras de Cultura, Alicia Moreno, y de Servicios Sociales, Pilar Martínez, para que apoyasen su permanencia en el edificio por considerar que su centro cumple una función social. Ambas, tras escucharles, se inhibieron, alegando que el tema era competencia municipal. Los jóvenes también intentaron hablar con responsables municipales, pero éstos se negaron. El concejal del distrito Centro, Carlos Martínez Serrano, aseguró en un pleno de este distrito que tuvo una mala experiencia hace años cuando intentó interceder en otro caso de okupación, y que no iba a repetir.