¿Adónde vas, Colombia?

Ángela del Castillo fue liberada en Colombia hace unas semanas tras un mes de secuestro a cargo de un grupúsculo guerrillero local. Colombia es un hermosísimo país, más de dos veces el tamaño de España, un rico vergel montañoso y fluvial. Del oro al petróleo, pasando por el café. Cuarenta millones de habitantes que disfrutarían de un nivel de vida más que digno si pudiera llegar a formalizarse un contrato social y político razonable entre las varias partes en conflicto desde hace décadas. Terratenientes que imposibilitan la modernización del sistema productivo; guerrillas numéricamente muy importantes y fuertemente armadas que surgieron ante la ceguera política de quienes desde el poder político y económico bloquearon el progreso de la justicia social; grupos paramilitares de extrema derecha; un Gobierno, el del presidente Pastrana, que hace tres años fue aupado -electoralmente, pero con gran abstencionismo- al poder político formal con la esperanza, por parte de muchos de los que se molestaron en votar, de que lograría la pacificación del país. Pero hay que mencionar otro importantísimo actor en presencia, los narcotraficantes, que se han hecho de oro y simultáneamente han enriquecido a varios de los sujetos del conflicto.

He visitado tan prometedor aunque atribulado país formando parte de una misión del Parlamento Europeo que tenía dos principales objetivos. Por un lado, trasladar a dos de las partes citadas (Gobierno y guerrilla) la activa posición de la Unión Europea a favor de un compromiso político y, por otro, interesarnos y pedir la liberación de los diversos secuestrados, colombianos y europeos. La de estos últimos, como complemento a la constante labor de las embajadas de España, Alemania e Italia.

Y es que el secuestro constituye una siniestra industria en Colombia. De entrada, casi el 60% de los que se llevan a cabo en todo el mundo tiene lugar en este país latinoamericano: 3.000 personas al año. ¿Quiénes son los autores y quiénes las víctimas? Un ejemplo: durante mayo de 2001 fueron secuestradas 270 personas, 34 de ellas mujeres. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla más importante, se hizo cargo de 77 personas; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización en importancia, raptó a 74; y las llamadas fuerzas de autodefensa (AUC), paramilitares, privaron de libertad a otras 25. Aparte, las numerosas muertes causadas por todos ellos. Éstos son datos extraídos de una fuente peculiar, nada menos que del denominado Boletín Informativo del Secuestro en Colombia, publicado por el Ministerio de Defensa, cuya mera existencia es por sí misma indicativa de la magnitud del problema.

En resumen, Colombia es en la actualidad un país sumamente violento en el que, dicho sea de paso, la mayoría de las muertes no son causadas por la guerra, sino por otras diversas causas sociales. La violencia urbana es acusada en Bogotá, pero es inimaginablemente apabullante en Medellín. Por si fuera poco, las FARC (que acusan al Gobierno de haber estancado el proceso de paz -en realidad, el Gobierno es tributario de diversas circunstancias y actores internos que no le confieren total libertad de iniciativa-), que han venido combatiendo sobre todo en zonas rurales, amenazan ahora con llevar la guerra a las ciudades.

No es pues extraño que, por una u otra circunstancia, la colombiana sea una sociedad desquiciada, ahíta de su actual situación. Tampoco que todo aquel que puede ponga pies en polvorosa, en especial tantos intelectuales amenazados de muerte o de secuestro por unos o por otros (véase La inteligencia de Colombia busca asilo en España (EL PAÍS, 24 de junio de 2001).

Entre los que se quedan, que lógicamente son la mayoría, las actitudes varían. Por supuesto, la vida 'normal', incluida la diversión nocturna, continúa (aunque en muchos de los locales al caso los clientes son registrados). Y ello mientras el diario El Tiempo (22 de junio de 2001) titula a toda página y en primera: 'Bogotanos matan menos, si bien, insisto, en Medellín matan mucho más'. El Tiempo es 'optimista', porque en el primer trimestre de este año determinadas muertes afortunadamente han disminuido.

Hay quien se lo toma con excelente sentido del humor, como el periodista Lisandro Duque Naranjo, que relata su reacción ante lo que define 'no un atraco sino una venta a mano armada'. Mientras esperaba en un semáforo con la ventanilla bajada, se le acerca uno de los innumerables ojeadores de ocasión con la intención de venderle algo. 'Padrecito, cómpreme esto', le dice arrimándole la punta de un cuchillo a la cara 'para que viera que tenía un filo de calidad'. Lisandro Duque confiesa que ante cualquier oferta pide rebaja, pero ese día pagó sin rechistar. Aquélla fue 'una compra en defensa propia' ('El vendedor de cuchillos', El Espectador, 24-6-01).

Hay periodistas que dejan el país y hay quienes permanecen y constatan la violencia cotidiana (o quienes ante ella, como Duque, se valen de la ironía como válvula de escape). Los hay que son asesinados 'por sicarios' en varias partes del país. Por ejemplo, el 5 y 6 de julio el jefe de informativos de Radio Caracol, en Florencia (suroeste de Colombia), y otro en plantilla en la radio local de Fresno (oeste). Ello eleva a 110 el número de periodistas asesinados desde 1989.

Claro que es la violencia bélica de las diversas partes la que continúa atrayendo más la atención nacional e internacionalmente. Violencia ante la que se suscitan asimismo singulares reacciones; por ejemplo, la del departamento del Cauca, cuya parte norte está atemorizada por las incursiones de los paramilitares. Allí, 12 alcaldes han formado un frente común desde el cual pedirán al Gobierno central autonomía para negociar en su región con la guerrilla y las autodefensas. Es lo que le faltaba por oír a un amplio sector de la opinión pública, harta de lo que consideran concesiones del Gobierno a los también llamados rebeldes. Concesión en el doble sentido, pues el presidente Pastrana otorgó hace un año a las FARC el control civil y militar de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados (equivalente a Extremadura o a Suiza) en el sur del país (Caguán) como muestra de buena voluntad negociadora. El ELN demanda una decisión similar en el norte. Una acción como la de los alcaldes del Cauca puede ser interpretada como un nuevo agravio contra la unidad del Estado.

El caso es que a Pastrana le queda un año de mandato y la esperanza inicial de que podría acabar con la guerra se ha diluido en gran medida. Está por ver si el presidente ha optado por una acción contundente, no negociadora, es decir, la creciente intervención de soldados norteamericanos (ya los hay; véase La guerra secreta de Estados Unidos, EL PAÍS, 8-7-01) con el supuesto y confiado propósito de liquidar militarmente a las guerrillas. Es la baza conocida como Plan Colombia, desacreditada nada menos que por Henry Kissinger, quien -temiendo que Estados Unidos acabe en Colombia como en Vietnam- escribe que, 'desgraciadamente, el énfasis casi exclusivo de una solución militar del Plan Colombia prácticamente invita al fracaso (...). Los cultivadores de drogas, en su mayoría pequeños y pobres agricultores, deben tener amplia oportunidad para emprender cultivos alternativos' (véase su libro Does America need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2001).

Claro que, a la postre, y en el supuesto de que se diera una intervención norteamericana masiva, la vietnamización de Colombia dependería del grado de apoyo de la población a la guerrilla, que -sostienen muchos- se ha reducido a niveles pequeños, lo que no era el caso del país asiático. Tal vez, una clave indicativa del actual grado de simpatía popular por los insurgentes esté constituida por las declaraciones de Ángela del Castillo tras su liberación, quien afirmaba que no guardaba rencor a quienes la vigilaban porque, después de todo, estaban tan secuestrados como ella.

Emilio Menéndez del Valle es eurodiputado socialista.