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La Generalitat pide más autonomía en la gestión de los planes de vivienda

La Generalitat aspira a disfrutar de mayor autonomía en la gestión del futuro plan de vivienda, a partir de 2002, de modo que las asignaciones que ahora distribuye el Ministerio de Fomento de acuerdo con las solicitudes particulares de ayuda a la compra de vivienda sean gestionadas directamente por la Consejería de Obras Públicas que distribuiría fondos a través de un acuerdo de financiación con el Estado.

Las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y las diversas comunidades autónomas para establecer las necesidades y prioridades del gasto de los fondos destinados a subvencionar la compra de viviendas de protección oficial en el próximo plan de vivienda ya están en curso. La Consejería de Obras Públicas ha sugerido que los fondos que destina el Estado para subvencionar cada compra sean destinados a los respectivos gobiernos autonómicos. De esa manera, cada departamento autonómico de Obras Públicas podría adaptar los precios, los tipos de vivienda o la población destinataria de las subvenciones oficiales de acuerdo a sus necesidades más acuciantes.

El actual plan de vivienda fue diseñado para el cuatrienio entre 1998 y 2001. Pero sufrió un frenazo a lo largo de 2000. Los precios establecidos oficialmente para las viviendas de protección oficial no eran atractivos para los promotores privados y las subvenciones a los particulares dejaron de ser competitivas debido a la bajada de los tipos de interes bancarios. Para el próximo plan, Obras Públicas pretende ampliar el universo de receptores de ayudas.Los planes de vivienda persiguen fomentar el acceso a la vivienda de los colectivos más desfavorecidos. Pero, simultáneamente, constituyen un significativo empujón al sector de la construcción, cuya evolución sigue teniendo una repercusión decisiva sobre el conjunto de la economía. Por eso, Obras Públicas pretende extender las ayudas a toda una serie de grupos sociales que apenas cuentan con apoyo oficial para la compra de viviendas. Los casos que se han puesto sobre la mesa del Ministerio de Fomento son, en concreto, los inmigrantes residentes, cuyo derecho a la vivienda está recogido en la ley de extranjería; las mujeres maltratadas que, en muchos casos, arrastran el problema precisamente por la imposibilidad de abandonar su residencia habitual; las familias monoparentales, cuyo tratamiento oficial ha tenido difícil encaje; o las familias con miembros que sufran algún tipo de minusvalía.

Obras Públicas no aclara el tratamiento específico de cada caso. Sólo recuerda los convenios alcanzados entre el Instituto Valenciano de Vivienda y la Consejería de Bienestar Social cuyo objetivo es la construcción de un millar de viviendas que se alquilarían a ciudadanos mayores que puedan valerse por sí mismos, pero organizadas en grupos para disfrutar de servicios comunes.

Tal modelo ha sido puesto en cuestión por la oposición parlamentaria, que considera que la inversión pública debería destinarse, precisamente, a los mayores que no tengan capacidad para valerse por sí mismos.

Otra medida que propone Obras Públicas al Ministerio de Fomento para sacudir el sector de la construcción pasa por agilizar las solicitudes de rehabilitación de vivienda. Los responsables de Obras Públicas admiten que los mecanismos de acceso a las ayudas para la rehabilitación de viviendas recogidos en el plan vigente son muy complicados y limitan las solicitudes.

Unas exigencias más sencillas permitirían aprovechar al máximo el parque de viviendas existentes en la actualidad y tendría efectos beneficiosos sobre el mercado de viviendas de segunda mano. Los constructores, de hecho, conceden gran importancia a la rehabilitación de vivienda para mantener una alta tasa de actividad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de agosto de 2001