La policía ha desmantelado 40 bandas criminales en la Costa del Sol en lo que va de año

El 17 de julio pasado, a las cinco de la tarde, un hombre moreno de unos 40 años llegó en un BMW a la urbanización Nueva Andalucía de Marbella, frente a Puerto Banús. Se sentó en la terraza de una cafetería situada a unos 20 metros del casino. El camarero que le sirvió el café escuchó al rato un ruido sordo. Se asomó y vio a su cliente con la sien atravesada de un disparo. Era un italiano de apellido Mallo. Aún se desconoce la identidad del magrebí ejecutado de un tiro el 23 de junio -también en Marbella- e introducido en el maletero de un coche al que sus asesinos prendieron fuego. En Estepona, un 'mal entendimiento entre dos bandas francesas' dejó un saldo de dos muertos. El 13 de marzo, un camello español de nombre Ventura fue liquidado por un sicario.

Cinco muertos es el balance de los ajustes de cuentas entre bandas rivales en la Costa del Sol en lo que va de año. Florentino Villabona, comisario jefe de Málaga, precisa que 'todos estos homicidios menos uno, han sido esclarecidos'. La primera preocupación del jefe de policía es el control de la situación. 'Este ha sido un año importantísimo en la lucha contra el crimen organizado, con casi 1.500 actuaciones y unos 500 detenidos. Hemos desarticulado 40 grupos organizados dedicados al tráfico de estupefacientes', detalla el comisario. La Guardia Civil ha desarticulado tres bandas y detenido a unas 40 personas.

123 agentes especializados Las investigaciones sobre los 1.000 o 1.500 sospechosos que permanentemente tiene abiertas la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), las desarrollan en la Costa del Sol sólo 123 agentes, que desde marzo forman una brigada única al mando del comisario jefe Valentín Bahut. Se ha eliminado la descoordinación que producía una distribución de las unidades contra el crimen por comisarias locales. La cifra de sospechosos es aproximada. Villabona, precavido, no suelta prenda sobre cuántos son, ni de qué nacionalidades. Pero hace poco más de año y medio la policía tenía abiertas en la Costa 80 investigaciones que afectaban a 1.135 personas, relacionadas con tráfico de hachís, cocaína, heroína o éxtasis; estafas; blanqueo de dinero; tráfico de vehículos; contrabando; falsificación de documentos; prostitución; asesinatos; robos con violencia y desaparición de personas.

La presión del crimen organizado en la costa, en particular de extranjeros, no para de crecer. Y un responsable de Interior añade que 'irá a más'. En Málaga se reciben al año unas 250 comisiones rogatorias de juzgados foráneos que persiguen a sujetos asentados en la provincia. Hay hasta cinco convenios con policías extranjeras por los que un oficial de enlace está radicado en la zona, con despacho en su consulado y en la propia Comisaría Provincial. Todos los meses hay policías escandinavos, holandeses, italianos, franceses, británicos o de otras nacionalidades que patrullan por la costa, previa advertencia a los jueces españoles. 'Se trata de investigaciones que tienen ellos en marcha y en las que la colaboración judicial y policial funciona', apunta Florentino Villabona. Una prueba incontestable de la presencia de delincuentes extranjeros es que de los 1.426 internos de la prisión de Alhaurín, 369 no son españoles. Un 25,8%, superior en 4,4 puntos a la media en el conjunto de las cárceles españolas. Marroquíes y colombianos están a la cabeza en esta clasificación.

Marruecos, a 15 kilómetros de las costas andaluzas, es el gran quebradero de cabeza de la policía. En la pequeña Colombia marroquí, el cuadrilátero del Rif que forman Tetuán y Alhucemas por el norte y Taunat y Taza por el sur, podría haber 100.000 hectáreas dedicadas al cáñamo índico, en las que se cosecharían unas 2.500 toneladas de hachís al año. Pequeñas bandas marroquíes con estructuras ligeras se están haciendo con el negocio del paso del Estrecho, una especialidad en la que utilizan barcos, camiones y hasta aviones. Las organizaciones europeas que distribuyen esta droga por el continente ya no compran la mercancía en el país magrebí; cada vez lo hacen más en España. Un hachís de buena calidad puede costar, puesto en el campo rifeño, 90.000 pesetas el kilo; un precio que sube a 130.000 desembarcado en Andalucía y no deja de aumentar a medida que se sitúa más al norte. 'En Amsterdam, al por mayor, puede alcanzar las 300.000 pesetas, que hay que multiplicar por seis, siete u ocho en la venta a los consumidores', afirma un responsable de UDYCO.La lucha contra este tráfico es muy desigual, y los responsables policiales no son ingenuos en este sentido. Fernando Vivas, jefe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Málaga, ha dicho esta semana en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo que actualmente 'sólo se aprehende entre un 15% y un 20% del hachís que entra por las costas españolas'.

En lo que va de año, la policía ha intervenido 28 toneladas de hachís en las costas malagueñas, y se ha apoderado de 300 millones de pesetas y 25 armas de fuego que manejaban estas bandas. La Subdelegación del Gobierno en Málaga quemó el año pasado 122 toneladas de drogas intervenidas en Almería, Granada, Jaén, Córdoba y Málaga y tiene ahora 56 toneladas en sus almacenes pendientes de destrucción. La presión policial en el Estrecho está obligando a los traficantes a desplazar sus desembarcos hacia Levante, Baleares e incluso Cataluña.

'Es preciso reflexionar sobre si estamos preparados, policial y judicialmente, para hacer frente al establecimiento de grupos organizados y su penetración en el tejido social, económico y político'. Es un comentario que hizo el jefe de la UDYCO, Valentín Bahut, cuando llegó a su actual destino.

Evitar el asentamiento Los fiscales, jueces y policías que trabajan en la Costa del Sol, opinan que la legislación y los medios de que actualmente se dispone para la lucha contra el crimen organizado no son suficientes. El gran desafío, repiten machaconamente, es 'evitar el asentamiento' de las mafias en la zona. 'Si empiezan a abrir establecimientos legales, como ya están haciendo con restaurantes, hoteles o saunas, será difícil sacarlos de aquí', opina con preocupación un alto cargo policial.

La evolución 'cuantitativa y cualitativa' de estas bandas es subrayada todos los años por Manuel Villén, fiscal jefe de Málaga, en sus informes. Villén señala que estas organizaciones 'reúnen todas las características que se atribuyen a las bandas mafiosas'. La policía, por su parte, sostiene que 'se trata de bandas sin la estructura y la jerarquía propias de las mafias'. Pero un juez con sólida experiencia en la provincia opina que la primera fase de implantación de las mafias en la costa, con colocadores locales del dinero, ya ha terminado: 'Ahora nos encontramos en una segunda etapa, en la que están sustituyendo a los españoles que hacían de agentes externos o los están metiendo en sus organizaciones', dice.

Este magistrado tiene la convicción de que desde la Costa 'se están realizando operaciones de venta de armas químicas, biológicas, nucleares o contrabando de diamantes, con transportes marítimos a gran escala'. El aliciente de un sector inmobiliario, en el que se mueven miles de millones de pesetas, y la cobertura de los paraísos fiscales hacen -en opinión de este juez- que estemos en un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado.