El caso reabre la disputa sobre cómo financiar a la Iglesia

El PP y el PSOE reabrieron ayer -al calor del escándalo de Gescartera y de la elevada inversión de dinero de instituciones relacionadas con la Iglesia en la agencia de valores de Antonio Camacho- la polémica sobre el sistema de financiación de la Iglesia católica en España. Álvaro Cuesta, portavoz del PSOE en estos días de agosto, dijo que esa financiación es 'inconstitucional', pues 'contradice el artículo 16 de la Carta Magna'. 'La mayoría de los ciudadanos españoles quiere que se financie a la Iglesia católica porque la mayoría de los ciudadanos somos católicos', replicó el Partido Popular por boca de su diputada Ana Mato en declaraciones a Europa Press.

Cuesta recordó que el artículo 16 de la Constitución dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que la Iglesia percibe una cantidad de dinero muy superior a lo que los españoles, voluntariamente, deciden darle. Según el portavoz socialista, si se hiciera caso de la voluntad ciudadana, la Iglesia sólo percibiría el 0,5239% del IRPF de cada declarante que opta por esa casilla en el impreso de la renta, lo que sólo ocurre en el 35% de las declaraciones registradas. Según el PSOE, la Iglesia recauda por ese concepto 15.000 millones. Sin embargo, el Gobierno del PP ha decidido asegurar a la Iglesia un mínimo, que este año asciende a 21.750 millones.

Ingresos adicionales

El PSOE calcula que, además de esa aportación vía Presupuestos Generales, los obispos perciben 'otros 300.000 millones del Estado' por diversos conceptos, como las subvenciones a los colegios religiosos, el salario de los 13.000 profesores contratados cada año por los obispos para enseñar catolicismo en los centros públicos de enseñanza, el pago de los salarios de los capellanes, o por numerosas exenciones fiscales, sin contar las ayudas a las numerosas ONG religiosas. Cuesta criticó que la Iglesia haya decidido dedicar esos millones a inversiones en Gescartera.

Al poco de estallar la crisis de esta agencia de valores, cuando se supo que algunas ONG habían invertido en Gescartera, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, declaró que no tenía nada que objetar a esas inversiones si se hacían con dinero propio, pero sí a aquellas que proceden del erario público.