Los hosteleros proponen un mapa de terrazas que frene el acoso municipal

Un paseo minucioso por el centro histórico de Valencia -catalogado como el segundo mayor y más rico en patrimonio de Europa, con una superficie de cerca de 1,7 millones de metros cuadrados- revela un grado de presión inmobiliaria, de obras en marcha, compraventa de solares, venta de pisos y desalojos, difícil de predecir incluso para los estadistas más liberales. Según datos de la Asociación Amigos del Centro Histórico, 'los cambios en los sucesivos PEPRI [planes especiales] realizados en los últimos años por la concejalía de Urbanismo han acabado con más de 650 edificos del XVIII y XIX que gozaban de protección'.

El jueves pasado, sin ir más lejos, los vecinos denunciaron ante el Ayuntamiento el 'derribo salvaje el pasado 25 de julio de una finca protegida con nivel III en la calle Cobertizo de Santo Tomás', junto a la plaza de Tapinería, mediante un puntero telescópico que vapulea los cimientos de la finca y la tira abajo en pocas horas. La recogida de escombros y el cierre de calles, durante tres días, provocó pérdidas en los comercios cifradas en 287.000 pesetas. Pero éste es sólo un ejemplo.

En el distrito de Ciutat Vella viven, según los últimos datos del Ayuntamiento de 1998, 24.027 personas censadas. La cifra, supone prácticamente la mitad de la población que vivía y votaba en este distrito en 1975. Pese a la oleada de jóvenes empresarios, galeristas y empleados de profesiones liberales a mediados de los ochenta, cuando el PSOE elaboró los primeros planes especiales para los cinco barrios del centro histórico, el envejecimiento de la población (4.305 personas tienen más de 50 años y 10.614 son jubilados) y la falta de servicios ha frenado el asentamiento de jóvenes parejas (el censo recoge 7.710 jóvenes de más de 30 años). La falta de colegios es otro problema. Sólo existe un centro público de primaria en todo el distrito, que la Administración intentó cerrar sin éxito en 1999, con poco más de mil alumnos en Primaria en este curso, la cifra más baja de matrícula de los 19 distritos de Valencia, sólo por delante de Poblats del Nord y del Oest; y seis jóvenes matriculado en la ESO en el único centro público existente.

Los servicios brillan por su ausencia. Ningún aparcamiento público para residentes, excepto 348 plazas de rotación. Ningún centro de acogida de día y, de las seis residencias de la tercera edad, sólo una, con 78 plazas, es pública.

Para la asociación de vecinos de Velluters, La Boatella, 'la llegada del PP al Ayuntamiento de Valencia y, en concreto, la política llevada a cabo por concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, desde 1996 ha supuesto la destrucción de la trama urbana del centro histórico y la especulación a manos de las grandes contructoras'. La asociación ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Dirección General de Política Regional de Bruselas 'el incumpliento sistemático por parte de la concejalía de las normas reguladoras de patrimonio y de los requisitos impuestos por el programa europeo URBAN, que exige la protección del tejido socioeconómico y cultural de los centros históricos', resume un portavoz, con la intención de frenar los 2.300 millones de fondos FEDER para el complejo educativo de Velluters.

En la práctica, según toda la documentación recabada por EL PAÍS en las últimas semanas, la protección oficial establecida en los planes especiales de 1984 y continuada con el convenio entre la Generalitat socialista y el Ayuntamiento del PP en 1992 muestran que el impulso público a la vivienda ha caído en picado. De las 1.200 viviendas de promotores públicos clasificadas entre 1992 y 1995, se pasó a 20 en 1998.