Hermosín propone la creación de una policía autonómica con un mínimo inicial de 1.000 agentes

Carmen Hermosín declaró que su propuesta 'es algo que el Gobierno andaluz venía estudiando, pero no hay redactado un pliego de condiciones de las eventuales nuevas transferencias'. La consejera reconoció que han sido los asaltos a los juzgados de Marbella y Torremolinos los que la han impulsado a lanzar esta iniciativa. 'Cuando se empezó a constituir la actual unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad como policía autonómica, en la Junta pensábamos que su despliegue sería mucho más rápido y que ya podríamos contar con unos 1.000 ó 1.500 agentes en todas las provincias, pero no ha sido así'.

Hermosín precisó que 'después de 20 años de autonomía ha llegado el momento de exigir al Estado transferencias en materia de seguridad como las del País Vasco y Cataluña'. Esas nuevas transferencias permitirían la creación de una policía autonómica, 'que inicialmente tendría un mínimo de 1.000 agentes, aunque con el tiempo serían muchos más'. La consejera de Justicia considera este asunto 'prioritario' y se dispone a plantearlo en el primer Consejo de Gobierno de la Junta después de las vacaciones 'para que se tome una decisión política'. Después, en su opinión, 'habría que llevarlo a la Comisión Mixta de Transferencias'. Hermosín precisó que no había consultado esta iniciativa con el presidente de la Junta, Manuel Chaves -'pero sí con el equipo de Presidencia'-, ni con el titular de Gobernación, Alfonso Perales, de quien dependería este cuerpo de seguridad andaluz.

Lucha contra las mafias

La actual policía autonómica interviene en incendios forestales o protección de menores, pero la consejera aumenta el catálogo de atribuciones para el futuro 'a maltrato de mujeres, movida juvenil y alcohol, inmigración, quizá tráfico y todas aquellas materias en las que tiene competencias la comunidad'. Los dos únicos espacios que descarta Hermosín son 'la seguridad ciudadana y el crimen organizado'. Incluso sobre este tema propone 'una reunión urgente al máximo nivel, entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Interior para actuar de forma coordinada contra la implantación de las mafias en la Costa del Sol'.

Con la nueva policía autonómica Hermosín considera que se podría afrontar con solvencia de vigilancia de los edificios judiciales. Entretanto, la Junta ultima un convenio con la Guardia Civil para que se encargue de la seguridad en los juzgados de la comunidad, y agentes de la actual policía autonómica están realizando rondas de vigilancia en los de la costa de Málaga, informa Efe.

A las críticas por la inseguridad se sumó ayer el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores. La decisión de la Consejería de vigilar durante las 24 horas 'sólo' las sedes judiciales de la Costa del Sol ha sido descalificada por Flores quien afirmó que las medidas de seguridad en su Audiencia 'simplemente no existen', informa Europa Press. El dirigente de IU Antonio Romero se mostró ayer contrario a la vigilancia privada de estos inmuebles y propuso también la creación de una policía autonómica.

La consejera también se refirió al asalto a los juzgados de Torremolinos perpetrado en la madrugada del lunes, un hecho que vinculó con el robo de sumarios en Marbella. 'No puede ser casual; cuando se entra en un sitio es para llevarse algo, falta alguna pequeña joya, pero es muy raro y resulta sospechoso que después de lo de Marbella ocurra esto', apuntó. Hermosín llegó a calificar el saqueo a la sede judicial de Torremolinos como una maniobra para 'distraer la atención' de la sustracción de expedientes en los que los que se investigan supuestos delitos del alcalde marbellí, Jesús Gil, informa Leonor García.

La consejera se quedó sola defendiendo estas sospechas. Ni la policía ni la Delegación de Justicia en Málaga creen que ambos incidentes tengan alguna relación. Para los agentes, se trata de 'un acto más de vandalismo que de robo', sin conexión con la desaparición de expedientes en Marbella. La delegada de Justicia, Aurora Santos, insistió en que aparentemente se trata de un delito común.