El Ayuntamiento contratará 30 técnicos para controlar que las obras acaben en plazo

El Ayuntamiento convocará el concurso después del verano, según informó ayer la cadena SER. Además de contratar técnicos, el Consistorio tiene previsto adoptar más medidas para, por un lado, agilizar los trabajos que se llevan a cabo en la vía pública y, por otro, sacudirse de encima la mala fama que arrastra el municipio por las reiteradas molestias que ocasionan estos trabajos a viandantes y conductores. Para evitar esta mala prensa, el gobierno municipal obligará a las empresas a colocar en cada obra grandes paneles informativos para que los vecinos sepan qué empresas acometen los trabajos y en qué plazo deben terminar.

El técnico municipal de Obras, Fernando Catalá, aseguró a la citada cadena de radio que así 'los vecinos sabrán, cuando haya una avería, a qué compañía hay que achacar la obra; así, que cada palo aguante su vela'.

Según datos del Ayuntamiento, seis de cada diez zanjas abiertas en Madrid son producto de empresas privadas y no de obras acometidas por el propio municipio. El Ayuntamiento otorga al año más de 10.000 licencias de obras, y se confiesa incapaz de controlarlas todas. De ahí la necesidad de contratar a estos 30 técnicos.

Rafael Simancas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, no está de acuerdo: 'No entiendo por qué hacen falta estos hombres de Harrelson de las obras cuando la capital ya cuenta con 6.000 policías municipales que, entre otras funciones, deben controlar los trabajos que se llevan a cabo en la vía pública', afirmó.

Actualmente, según datos proporcionados por el concejal socialista, las zanjas que en estos momentos están abiertas en la ciudad, puestas una detrás de otra, 'suman más de 100 kilómetros'. 'Es decir', añade el edil, 'más distancia que desde la capital a Toledo, y esto no ocurre sólo en verano, sino también en invierno'.

Pacto político

El grupo municipal socialista solicitó en el pleno de julio 'un pacto entre todas las formaciones políticas del Ayuntamiento [PP, PSOE e IU] encaminado a arbitrar qué obras eran o no realmente necesarias', según Simancas. El PSOE también pidió 'un calendario de obras y un mapa, a fin de que no todas se hicieran al mismo tiempo o en la misma zona'.

La concejal de Obras Elena Utrilla, del PP, rechazó la propuesta alegando que cada vez que una empresa obtiene licencia para horadar determinada calle, el Ayuntamiento se pone en contacto con otras para informarles de que, si necesitan levantar esa calle, ése es el momento. Según estipula la ordenanza municipal, si una empresa de servicios rechaza esta petición, no puede tocar esa determinada calle en menos de cuatro años 'salvo en caso de emergencia'. Utrilla añadió en ese pleno que el Ayuntamiento 'es muy estricto a la hora de conceder licencias para trabajos callejeros'. 'Tengo en mi despacho un montón de propuestas rechazadas', concluyó la edil.

Simancas asegura que la ordenanza que regula estos plazos 'está bien, pero todos los madrileños son conscientes de que las empresas lo incumplen y no pasa nada'.

En la actualidad, el centro de Madrid aparece horadado por obras de importancia: la reforma de la Gran Vía convierte la confluencia de esta calle con la de Alcalá en una ratonera para los coches, incluso en pleno mes de agosto. A 200 metros escasos de esta obra, una empresa privada lleva a cabo el aparcamiento de la calle de Sevilla, que reduce el número de carriles de la calle de Alcalá en sentido bajada.

También está siendo derribado el paso elevado de Santa María de la Cabeza, que ha transformado toda esa zona en una tortura para los automovilistas que se han quedado en agosto en Madrid.