PSC, PP y CiU dicen que hay que expulsar a los africanos de Barcelona como prevé la ley

El conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se mostró ayer partidario de expulsar a los inmigrantes en situación irregular en cumplimiento de la Ley de Extranjería: 'Si nos sabe mal expulsar a aquellos que no cumplen la ley, entonces no expulsaremos nunca a nadie y si no expulsamos nunca a nadie tendremos que abrir las puertas totalmente y vendrá absolutamente todo el mundo'.

Mas reiteró que el Gobierno catalán colaborará con el resto de instituciones a resolver la situación de los inmigrantes que duermen en las calles de Barcelona pero no especificó cómo. También se puso en contacto con el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, a quien le solicitó que se implique para hallar una solución para los desalojados de la plaza de Catalunya. Sin embargo, insistió: 'A los que no tengan papeles ni ninguna posibilidad de regularizar su situación, la ley dice muy claramente que finalmente se les debe expulsar'.

La dirección del PSC se sumó a la demanda del Gobierno catalán y también pidió la aplicación de la ley de Extranjería, que los socialistas rechazaron en el Congreso. Marina Geli, consejera de Bienestar Social del Gobierno en la sombra de Pasqual Maragall, afirmó: 'Nuestro partido no está a favor de esta legislación, pero hay que cumplir la ley que impusieron CiU y PP'. En referencia a los inmigrantes de Barcelona, Geli reivindicó que se les atienda de forma individualizada mientras no se resuelva su situación. La diputada autonómica socialista defendió la decisión del Ayuntamiento y recordó que 'no pueden permitirse asentamientos en la vía pública'.

También el PP apostó por la expulsión de los sin papeles. El concejal popular en el ayuntamiento de Barcelona Antonio Ainoza pidió al Gobierno central que 'aplique la ley y haga juicios rápidos que permitan la expulsión' de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

Mientras partidos e instituciones discuten qué hacer con el centenar de desalojados de la plaza de Catalunya y otro grupo de inmigrantes que se les ha sumado, las relaciones entre los tres partidos que gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona se han deteriorado notablemente. El desalojo de los africanos se realizó en ausencia del alcalde Joan Clos (PSC) y estando de alcaldesa accidental Imma Mayol (Iniciativa per Catalunya-Verds). Ahora, ambos grupos municipales se acusan mútuamente de haber dado la orden de expulsión.

Pero las soluciones continúan sin llegar. La reunión que ayer estaba prevista entre el ayuntamiento, la Generalitat y la Delegación del Gobierno no llegó a producirse. El único contacto fueron las llamadas que el alcalde Joan Clos realizó por la tarde.

Cuatro días después del desalojo, los inmigrantes pasaron gran parte del día en la plaza Berenguer el Gran, una de las más turísticas de la ciudad. Habían dormido en los locales del sindicato CGT, pero los abandonaron cuando se dirigieron al ayuntamiento. Allí fueron recibidos por un técnico del área de Bienestar Social, pero no consiguieron más que la promesa de ser atendidos en los servicios sociales. Nada de alojamiento.

Furgones policiales

Aunque estaban agotados, los inmigrantes celebraron varias asambleas. Algunos de ellos apostaron por acampar ante la Delegación del Gobierno, lo que finalmente no realizaron por miedo a ser detenidos. Por la tarde, ocho furgones policiales custodiaban este edificio, informa Gisela Busaniche. Los sindicatos y las ONG continúan supliendo a las administraciones en la atención a los indocumentados. Estas organizaciones realizaron ayer un llamamiento a la solidaridad. Pidieron comida y anunciaron la apertura inmediata de una cuenta corriente para recoger fondos. También apelaron al Colegio de Notarios para que se solidarice con los extranjeros pues, según estas organizaciones, hay unos cincuenta nigerianos en este colectivo que necesitan un acta notarial que cuesta 20.000 pesetas para agilizar los trámites, algo que no pueden sufragar.