Los inmigrantes de Barcelona duermen a cubierto gracias a sindicatos y ONG

Más de 200 subsaharianos durmieron anoche en los locales de CGT. El sindicato los ofreció temporalmente a los inmigrantes expulsados el lunes de la plaza de Catalunya, donde pernoctaban desde mayo, en una reunión en la que varias ONG plantearon además convocar una acampada reivindicativa ante la Delegación del Gobierno. La propuesta se desestimó finalmente y el sindicato cedió su sede de la Via Laietana a los inmigrantes.

De esta forma, después de tres días sin apenas dormir ni comer, los subsaharianos evitaron pasar una nueva noche al raso, mientras las administraciones seguían culpándose mutuamente de la situación de este colectivo. A última hora de la tarde, el Ayuntamiento, la Generalitat y la Delegación del Gobierno se reunieron para abordar conjuntamente la cuestión. La presión de sindicatos, ONG, organizaciones vecinales, partidos y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Cataluña) forzó el encuentro, que se saldó con graves discrepancias. La Generalitat y el ayuntamiento formaron un frente reclamando la aplicación del Reglamento de Extranjería, que fija una partida para atención de casos especiales sin posibilidad de regularización. Pero el subdelegado del Gobierno, David Bonet, tras reconocer que había despachado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, señaló que no disponía de ninguna partida al efecto y que no estaba autorizado a negociar nada. La reunión acabó con el compromiso de volver a hablar a lo largo de hoy, pero sin fijar una convocatoria oficial.

El síndic, Anton Cañellas, que intervino en el conflicto a instancias del presidente del Parlament, Joan Rigol, reclamó a la alcaldía de Barcelona, a la Subdelegación del Gobierno y a la Secretaría para la Inmigración una solución negociada al conflicto. El defensor del pueblo catalán puso en tela de juicio la actuación del Ayuntamiento de Barcelona, pues, a su juicio, no debía haber desalojado a los inmigrantes de la plaza de Catalunya 'sin haber ofrecido alguna alternativa de alojamiento'. Cañellas agrega, sin embargo, que el Ministerio del Interior no puede inhibirse del problema, ya que 'si la situación [de estancia irregular en España] se prolonga en el tiempo', la administración responsable de regularizar a los extranjeros 'debe colaborar con [la institución] responsable en materia de servicios sociales'.

Cañellas se sumó a las críticas de SOS Racismo, de partidos de izquierda y de sindicatos a la nueva Ley de Extranjería por generar efectos 'perversos' como los que sufren estos subsaharianos. La mayoría no tiene documentación, pesa sobre ellos una orden de expulsión y aseguran que proceden de Sierra Leona y Ghana, países con los que España no ha firmado ningún acuerdo de repatriación.

La alcaldesa accidental de Barcelona, Imma Mayol (IC-V), reclamó la creación en Barcelona de un centro de migración, un equipamiento que, de acuerdo con la nueva Ley de Extranjería, depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tiene por función la atención, acogida e intervención social de inmigrantes. Aunque el consistorio se comprometió a ofrecer comida a los subsaharianos, sólo garantizó alojamiento a los que se hallen en una 'situación de extrema necesidad' e insistió en que el Gobierno 'debe asumir la asistencia social' del colectivo. Esta opinión no era compartida por la Delegación del Gobierno, que reiteró que la atención social primaria 'corresponde a los servicios sociales de los ayuntamientos'.

El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, destacó, sin embargo, a la cadena COPE, la necesidad de tratar este asunto con 'una dosis de humanismo pero también de legalidad' y subrayó que la aplicación del Reglamento de la Ley de Extranjería debe hacerse 'también con un sentido de autodefensa, porque si las mafias advierten que España es un terreno abonado para entrar en Europa, no entrarán 200, sino que mañana serán 200.000 o dos millones'.