Sancionadas 12 empresas hormigoneras de Girona por pactar sus precios

El expediente sancionador se inició a instancia de la Mesa de la Construcción de la provincia, integrado por los colegios de arquitectos, aparejadores y arquitectos técnicos de Girona y el Gremio de Promotores y Constructores de Edificios de la misma ciudad.

La sanción asciende en total a 75 millones de pesetas, que se reparten de la siguiente forma: Áridos Bofill (3,3 millones), Hormigones Cassà (5,9 millones), Formigons Girona (13,2 millones), Readmix Asland (4,3 millones), Fornorest (15,3 millones), Suberolita (10,4 millones), Hormigones Suberolita y del Fluvià (2,3 millones), Hormigones Pirenaicos (2,4 millones), Àrids Quaranta (2,9 millones), Pioneer Concrete Hispania (2,5 millones), Formigons Costa Brava (6,2 millones) y Formigons Alsina (5,8 millones).

El Tribunal de la Competencia afirma que la 'infracción comprende desde 1993 hasta la actualidad' y señala que 'en 1994 permanecían vigentes las tarifas de 1992 y en la actualidad permanecen vigentes las de 1996', lo cual, según el tribunal, es una prueba más de que las empresas mantenían un 'cartel' sobre el precio de sus productos, en este caso con influencia en el sector de la construcción.

Las compañías sancionadas alegan que las tarifas eran meramente indicativas para establecer los precios de mercado y que el precio final cargado a los clientes era distinto, sometido a distintos factores propios de la política comercial de cada compañía. Las empresas aseguran que el precio cobrado a los clientes era distinto en cada una de ellas, en función de descuentos sobre la tarifa oficial.

Hechos poco verosímiles

A pesar de las alegaciones de las empresas sancionadas, el Tribunal de Defensa de la Competencia concluye que 'los precios ofrecidos en las tarifas son prácticamente idénticos' y muestra en una tabla resumen las tarifas de los distintos operadores para un determinado tipo de hormigón. Allí se comprueba que los últimos precios vigentes por metro cúbico de áridos similares oscilan entre 9.650 pesetas -10 empresas- y 9.450 pesetas -los de otras dos compañías.

El TDC considera que 'interpretaciones distintas sobre los hechos probados son muy poco verosímiles y razonables' y concluye que 'la identidad de los precios publicados y de los cambios es tan manifiesta que sólo cabe efectivamente sustentarla con la existencia de determinadas prácticas de concertación para su establecimiento y modificación a lo largo del tiempo'.