Convivencia rota

Para muchos pueblos fundamentalmente agrícolas, la mano de obra inmigrante es esencial para llevar a cabo labores del campo que los nativos se niegan a realizar. Esto es lo que ocurre en el municipio conquense de Las Pedroñeras (7.000 habitantes), al que cerca de 2.000 extranjeros han acudido este año para trabajar en la campaña de la recogida del ajo, principal cultivo de la localidad.

La mayoría de los jornaleros son de origen marroquí o argelino, aunque también hay rusos, lituanos, polacos, ecuatorianos y portugueses. Algunos de ellos, los más afortunados, encuentran trabajo y son acogidos por los patronos en locales que habilitan a este efecto. Otros, unos 175, duermen en los albergues habilitados al efecto por la organización agraria Asaja. El resto lo hace en campamentos de chabolas, casas abandonadas, en el parque o en el mismo campo. Existe también un albergue de la Cruz Roja con capacidad para 48 personas, en el que tienen prioridad los recién llegados. Pero sólo pueden permancer allí tres noches. Para aprovecharlo mejor, se ha organizado un sistema de turnos. Así, al menos cada cierto tiempo, los braceros sin techo pueden acceder a ciertas condiciones de comodidad.

Los socialistas acusan a un diputado popular de avivar la polémica sobre los inmigrantes al sostener que aumentan la inseguridad

Cuando el trabajo no llega, pasan el día deambulando por el pueblo y buscando algún sitio fresco para pasar el rato. A muchos vecinos les resulta molesto. No entienden por qué los inmigrantes que no tienen trabajo permanecen allí y se quejan de que ciertas zonas del centro urbano 'han sido tomadas', como el parque, donde aseguran que ya no pueden llevar a sus hijos. Algunos acusan a los inmigrantes de ser los responsables de que los robos y la delincuencia en general hayan aumentado. Sin embargo, los agricultores, aunque la ley lo prohíbe, también recurren -al menos esporádicamente- a estos inmigrantes, que en su mayoría no son regulares.

La convivencia entre inmigrantes y vecinos no es buena y se respiran aires de conflictividad social. Según algunos vecinos, cualquier roce entre ambas comunidades podría desencadenar incidentes importantes. Ante tal coyuntura, no es extraño que la inmigración se haya convertido en uno de los temas más importantes dentro de la política local. Según fuentes del grupo socialista en el ayuntamiento, en la campaña electoral para las municipales de 1999, el asunto fue utilizado como arma arrojadiza por parte del PP, lo que a su juicio contribuyó a acrecentar la alarma social frente al fenómeno. El entonces candidato y ahora concejal popular, José Manuel Tortosa, que también es diputado en el Congreso, acusó al alcalde socialista, Rafael Ruiz, de ser 'el máximo responsable de la inmigración en Pedroñeras' y de dar un 'trato de favor' a los inmigrantes a través de un albergue en el que el consistorio daba alojamiento a los temporeros y al que se habían destinado trabajadores del centro de servicios sociales (gestionado con fondos autonómicos). Tortosa aseguró en esa campaña que se habían cometido robos 'en la mayoría de las casas de Las Pedroñeras' y que estaba próximo el momento en el que 'los pedroñeros tendremos que huir de nuestra ciudad'.

Julián Jiménez, concejal del Partido Popular en la localidad, niega que su partido utilizara el tema políticamente, pero explica que estaban en contra del albergue porque originaba el denominado 'efecto llamada'. 'Una vez que los inmigrantes llegaban al centro, utilizaban sus teléfonos móviles para llamar a otros y decirles que vinieran', aseguró.

En octubre de 2000 se creó en el ayuntamiento la comisión de Inmigración, en la que estaban representados los partidos, los sindicatos, asociaciones agrarias y otros organismos. En ella se acordó firmar por unanimidad un pacto por la inmigración. La primera propuesta de pacto solicitaba al Gobierno central que asumiese sus funciones de regulación y control de los flujos migratorios, pero los representantes del PP se negaron a firmarlo, con lo que finalmente se acordó eliminar ese punto en aras del consenso.

La comisión de Inmigración decidió también cambiar el sistema de contratación para encargar a las organizaciones agrarias (Asaja y UPA) la contratatación de inmigrantes en las localidadades donde residen. Pero este año el sistema ha fallado: las personas contratadas en un principio no estaban cualificadas para la recolección del ajo.

El coordinador de alojamientos de temporeros y vicepresidente de Asaja en la provincia de Cuenca, Manuel Mena, reconoce que en campañas anteriores la mayoría de los inmigrantes que trabajaban como braceros no estaban regularizados, pero que cada vez es mayor la concienciación entre los empresarios, 'sobre todo porque la sanción por ello es de uno a 10 millones de pesetas'.

El problema continúa abierto, y 1.300 personas siguen sobreviviendo en pésimas condiciones.