La Administración omnipotente

Creo que mucha gente compartirá conmigo la sensación de desconfianza que inspira la Administración, cualquier Administración, esa máquina tan grande y tan peligrosa si no se utiliza adecuadamente, y frente a la cuál se imagina uno al administrado, al ciudadano, como un ser vulnerable. Sin embargo, honestamente digo que nunca había visto semejantes niveles de arbitrariedad y prepotencia por parte del Ejecutivo.

Me refiero a la situación de absoluta confusión y caos existente entorno a la 'regularización' especial que se está llevando a cabo entre las personas inmigrantes que demuestren encontrarse en el Estado antes del 23 de Enero de 2001 (fecha en la que entró en vigor la nueva Ley de Extranjería). Las Asociaciones (y todas las personas) que trabajamos en el ámbito del apoyo a los inmigrantes, en contacto directo con ellos, tratando de ayudarles a regularizar su situación, estamos sufriendo y presenciando, entre perplejos y estresados, un panorama de absoluta indefinición, en el cuál cada día nos desayunamos con un nuevo requisito para acceder a la regularización o una nueva matización sobre alguno de los requisitos que ya conocíamos.

Para muestra, un botón: una semana informamos a las personas que llegan a la Asociación para que les asistamos jurídicamente que es imprescindible, para acreditar su estancia en el país antes al 23 de Enero, que aporten un certificado de empadronamiento anterior a esa fecha. Lógicamente asombrados nos preguntan si no es suficiente con el sello que la Policía puso en sus pasaportes, y les insistimos en que no, que la única acreditación admitida por la Administración es el empadronamiento.

Sin embargo, a la semana siguiente ese sello sí es admitido como acreditación, con la desinformación que ello supone para quien vino antes a asesorarse, y a quien tenemos que tratar de localizar para 'reinformarle'. A la fecha en la que escribo estas líneas ya parece haber un nuevo criterio al respecto, y puedo asegurar que es uno sólo de los muchos ejemplos que se podrían mencionar.

Todo ello es consecuencia de una sencilla razón: este proceso de 'regularización' se ha hecho derivar de un artículo de la nueva Ley de Extranjería que entró en vigor el pasado enero, pero no por el conveniente desarrollo reglamentario que el precepto requeriría por general, sino a base de instrucciones internas de los Ministerios de Trabajo y de Interior, de una manera totalmente arbitraria, sin nada por escrito, sin formalidad legal alguna.

Esto supone, simple y llanamente, una absoluta conculcación de los básicos principios de legalidad e igualdad que informan todo el ordenamiento jurídico y en especial el Derecho Administrativo: la Administración sólo puede actuar en función de normas escritas y preestablecidas; además nunca puede actuar de diferente manera con unos administrados que con otros. Creo que a poco que reflexionemos sobre ello, se aprecia ésta actitud de prepotencia por parte de un ejecutivo.

Pero es que además, todo este caos al que me refiero no sólo es malo en sí mismo, sino que conlleva una preocupante consecuencia. Estamos todos tan pendientes de resolver el obstáculo siguiente que nos ponga la Administración en la tramitación de cada expediente, que no se nos da siquiera un respiro para criticar la ley en sí, con los innumerables aspectos negativos y criticables que tiene.

Por si esto fuera poco, me da la sensación de que desde fuera, desde la perspectiva del ciudadano de a pie, lo único que se percibe es lo bueno y progresista que es el Gobierno que está dando papeles a todos los extranjeros. El nivel de confusión y desinformación es tal, que no me queda más remedio que plantearme si se trata de un puro caos o de una situación de desconcierto perfectamente estudiada.

Sin duda, cualquier situación de arbitrariedad de la Administración es denunciable, pero en este caso resulta doblemente grave, ya que estamos hablando del futuro de muchas personas. Cada uno de los expedientes administrativos de extranjería tiene detrás una persona o una familia que vive con verdadera angustia la presentación de cada documento o cada trámite que realizan, ante la incertidumbre de si en ese porvenir por el que han apostado todo va a ser posible o no.