Rompan filas

Por última vez, ¡rompan filas! Quienes hicieron la mili recuerdan bien que ésa era la última orden procedente del mando al concluir la prestación del servicio militar obligatorio. Son asuntos de la memoria que serán considerados por las nuevas generaciones como parte de la arqueología social, acumulada en estratos anteriores a esta España del aznarismo, que abolió sin previo aviso el sistema de conscripción militar. Tal propuesta para nada figuraba en los programas de los partidos que, por presentar candidatos al Congreso y al Senado en todas las circunscripciones, tenían alguna probabilidad de obtener responsabilidades de gobierno en las elecciones de marzo de 1995. Es más, apenas cuatro años antes, en el Pleno del Congreso de los Diputados del 27 de junio de 1991, se había aprobado por 206 votos a favor, 25 en contra y 9 abstenciones el texto acordado en la ponencia encargada de hacer 'el estudio y seguimiento de los temas relacionados con el modelo de Fuerzas Armadas en su conexión con el servicio militar', y poco después, el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Militar.

La supresión del servicio militar fue, pues, un fenómeno sobrevenido, como decían de sus convicciones los objetores de conciencia cuando optaban por invocarlas una vez incorporados a filas, y se produjo de modo casual, una vez escrutada la victoria electoral sin mayoría. Porque entre aquella noche, casi madrugada, de resultados exiguos y el posterior aseguramiento de los votos necesarios para la investidura del candidato del PP como presidente del Gobierno mediaron unas interesantes y fructíferas negociaciones con el grupo CiU celebradas en el hotel Majestic de Barcelona. Allí, Rodrigo Rato compareció como plenipotenciario de Aznar y se fue cayendo de modo sucesivo de todos los caballos que fueron precisos y aceptando muchas acertadas propuestas de CiU, como, por ejemplo, la abolición del servicio militar obligatorio. Entretanto, aquí, en Madrid, el aspirante a La Moncloa, todavía carente de algunos carismas, se esforzaba hablando catalán en la intimidad.

Claro que el artículo 30 de la vigente Constitución establece que 'los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España', y que su apartado segundo añade que 'la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria'. Pero la literalidad de la Constitución, como ya anticipó David Blanquer en su libro Ciudadano y soldado, para nada ha impedido eliminar esas prestaciones militares o sociales una vez tomada la decisión política. En todo caso, conviene recordar que la composición de los ejércitos distaba de ser el resultado de evaluaciones y análisis de las amenazas exteriores o de los compromisos internacionales del país, que el servicio militar obligatorio, tal como se concebía en tiempos del franquismo, más que una respuesta a las necesidades de la defensa, constituía un acto de sumisión de la sociedad civil ante sus salvadores militares y que los mozos de cada contingente anual quedaban entregados a los oficiales de carrera, retratados por Busquets en su libro, para ser devueltos después con todas las vacunas, también las morales, plenamente habilitados para ser ciudadanos de provecho.

La argumentación en pro de la defensa como tarea de todos y del servicio militar obligatorio como garantía de la conexión entre la sociedad y los ejércitos ha sido abandonada. Ahora pareciera que la confianza se deposita en las capacidades tecnológicas de los sistemas de armas y en la profesionalidad de quienes las empuñan como si sólo quedaran las armas y los técnicos a su cargo. En pocos años, los cuadros de mando dieron un giro copernicano que les llevó desde la irrenunciabilidad a la desafección por el servicio militar obligatorio, mientras observan cómo han variado por completo las percepciones de la mayoría social en torno a sus deberes en este campo. Sucede, sin embargo, que todos estos diseños indoloros deben pasar la prueba de la realidad.

Entonces es cuando se ha caído en la cuenta de que hay menos aspirantes que plazas en oferta de soldados y marineros profesionales y se ha intentado la búsqueda de soluciones. Primero, rebajando las condiciones mínimas para los solicitantes, incluido el cociente intelectual, que se ha situado en la frontera de la normalidad-anormalidad, y luego, con el lanzamiento de globos sonda para incorporar oriundos a filas, como hacían los clubes de fútbol hace años, o para tantear el reclutamiento de inmigrantes. Habrá que examinar por qué ahora, cuando las FF AA han dejado de formar parte de la amenaza y han pasado a ser parte de la defensa, cuando cumplen misiones honrosísimas en el mantenimiento de la paz, es también cuando carecen de atractivo.

Miguel Ángel Aguilar es periodista.