Tráfico fraudulento

EL ACUERDO PRESUNTAMENTE alcanzado hace diez días por el PP y el PSOE para la renovación parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Cuentas pasó a mejor vida el 19 de julio; los desesperados intentos de resucitarlo sobre la marcha fueron abandonados el pasado miércoles 23. El mal sabor de boca dejado por esas negociaciones no se debe tanto a su aplazamiento -como mínimo- hasta septiembre (hay precedentes de retrasos mucho más considerables) como al fraudulento tráfico de cromos cruzado entre los partidos; puestos a elegir entre males, sería preferible renunciar a cualquier acuerdo basado sobre premisas clientelistas, repartir otra vez las cartas y reanudar la partida con reglas de juego inequívocamente constitucionales.

La aplicación por los dos grandes partidos de la variante más perversa del sistema de cuotas pone en peligro la independencia del Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas

Los portavoces del PP y del PSOE se han apresurado a descargar todas las culpas sobre sus interlocutores. Las alegaciones de los defensores de oficio deben recibirse siempre a beneficio de inventario: aunque las responsabilidades de los dos grandes partidos estén compartidas, el candor negociador de los socialistas facilitó a los populares sus prácticas ventajistas. El aplazamiento de la elección del CGPJ es un humillante gesto de menosprecio hacia el Poder Judicial, obligado innecesariamente a improvisar en pocas semanas un procedimiento de urgencia para que las asociaciones de magistrados y los jueces respaldados por avales personales pudieran componer a matacaballo una lista de 36 aspirantes, a partir de la cual las Cámaras eligirían luego 12 vocales.

La descarada colonización por los partidos de dos de las tres asociaciones de la magistratura -la Asociación Profesional, por el PP, y Jueces para la Democracia, por el PSOE- politiza hasta la exasperación el CGPJ; la Asociación Francisco de Vitoria (que presentaba aspirantes tan cualificados como Carlos Granados y Antonio Torres Vela) y la abrumadora mayoría de los jueces avalados quedaron fuera de la rifa por falta de apadrinamiento partidista. Si el veto del PSOE al magistrado Martín Pallín obedece a un sucio ajuste de cuentas, la correlativa falta de respaldo del PP a su candidatura muestra retrospectivamente el carácter manipulador de la propuesta popular de 1993 para designarle defensor del pueblo frente a la candidatura socialista de Jiménez de Parga. El incoado acuerdo entre PP y PSOE -roto antes de firmarse- sobre los ocho vocales del CGPJ elegibles 'entre personas de reconocida competencia' daba indebido refugio en ese tramo a un magistrado rechazado para la cuota judicial de doce miembros y excluía al candidato del PNV. El PSOE rectificó a tiempo, pero el PP siguió tachando a Margarita Uría con el pretexto de que es diputada; aunque los viajes de ida y vuelta entre el Parlamento y el CGPJ (como los realizados en su día por Pablo Castellano) sean una práctica en sí misma rechazable, el precedente de que el diputado del PNV Emilio Olabarría fuese elegido por el Parlamento para el mismo cargo durante la anterior legislatura con los votos del PP muestra la malicia del actual veto de los populares a una congresista muy apreciada por sus compañeros de Cámara. El censurable tránsito de los profesionales del poder desde el Gobierno o las Cortes a los órganos institucionales de control ha causado también tensiones en la renovación del Tribunal de Cuentas: la actitud despolitizadora al respecto del PP cuadra mal con los pésimos ejemplos dados por los populares en ese terreno.

La renuncia a consensuar todos los candidatos propuestos -un procedimiento aplicado con éxito por Joaquín Almunia para el anterior CGPJ- implica el regreso a la variante más perversa del sistema de cuotas: la asignación de casilleros en blanco a cada partido rellenados luego libremente por el consumidor. El PP ha utilizado esa fórmula para trasgredir las reglas del juego: muchos de sus candidatos al CGPJ y García Calvo en el TC no cubren los mínimos de independencia, imparcialidad y moderación exigibles para esos cargos.