Desajuste argentino

Empeñarse en alcanzar el equilibrio del presupuesto en un país como Argentina, tres años inmerso en una severa recesión, en el que los ingresos públicos apenas representan el 18% del PIB, con una tasa de paro del 16% y tipos de interés que superan en 16 puntos los que fija la Reserva Federal para el dólar, es un ejercicio de voluntarismo político. En mayor medida si el Gobierno que lo propone ha ensayado varios intentos de recomposión de esa maltrecha situación económica y, además, está integrado por una alianza de circunstancias, sin el respaldo social y político suficiente y con un importante grado de descentralización fiscal a favor de las provincias.

El ajuste fiscal propuesto con el fin de recuperar la mínima solvencia financiera que impida la suspensión de pagos de la deuda pretende una disminución del gasto público de 1.500 millones de dólares en este año y de 4.300 millones el próximo. Con más retórica que medidas verosímiles, el plan trata de reducir la importante bolsa de fraude tributario por parte de todos los agentes económicos. La principal partida a recortar son los salarios de los funcionarios y las pensiones iguales o superiores a 500 dólares al mes (unas 95.000 pesetas). Aunque el plan fue aprobado en el Congreso, permanece bloqueado por la oposición peronista en el Senado. El Partido Justicialista había dado su respaldo el pasado 16 de julio al ajuste propuesto, y comprometido su cumplimiento en las provincias gobernadas por el mismo, pero decidió solicitar cambios que minimizaran el impacto sobre las rentas de trabajadores y jubilados. Pero el Gobierno rechaza la posibilidad de moderar el recorte. Las reacciones de las organizaciones sindicales no se han hecho esperar.

En ausencia de apoyos financieros adicionales del exterior, en particular de las agencias multilaterales, la viabilidad de ese plan no está en modo alguno garantizada. La economía argentina necesita, ante todo, crecer, y eso no es precisamente fácil con un ajuste como el propuesto y un tipo de cambio manifiestamente apreciado frente a todas las monedas de los principales socios comerciales de ese país. Una situación que transmite una vulnerabilidad equivalente al resto de las economías consideradas emergentes, en particular al principal socio comercial, Brasil, e indirectamente, a aquellas otras como la española, en la que sus principales empresas y entidades financieras mantienen una parte significativa de sus activos en aquella región.