Los partidos aplazan un año la entrega de sus presupuestos a la Sindicatura

El acuerdo solemne de los partidos para reducir sus gastos electorales y aumentar la transparencia de sus cuentas partió del presidente del Parlament, el democristiano Joan Rigol, cuyo partido, Unió Democràtica, se encontraba en el ojo del huracán por el caso Pallerols, de presunta financiación irregular. El pacto encomendó el control externo de los presupuestos de los partidos a la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de las cuentas públicas en Cataluña, pero cuatro meses después de su firma aún no se había dado ningún paso hacia adelante.

Ayer, dirigentes de todos los partidos tuvieron su primera reunión con la comisión creada por la Sindicatura para fiscalizar las cuentas de los partidos y consensuaron un calendario de aplicación que, de entrada, aplaza un año la entrega de las cuentas a esta institución. Según el acuerdo, las formaciones dedicarán este año a establecer, de acuerdo con la Sindicatura, un modelo de contabilidad equiparable entre sí y desvelarán por primera vez sus números a finales del primer semestre de 2002.

La incógnita del PP

La mayoría de partidos parlamentarios catalanes entregan ya los grandes rasgos de sus resultados económicos al Tribunal de Cuentas, aunque no todos. Nada se sabe, por ejemplo, de las cuentas del Partido Popular de Cataluña. Al no constar como entidad jurídicamente independiente, el PP de Cataluña no envía sus presupuestos al Tribunal de Cuentas y desde hace años las cuentas no pasan ni siquiera por el comité ejecutivo, según informan fuentes de este organismo. El PP catalán también ha rechazado reiteradamente la petición de este diario de conocer los datos de su presupuesto.

El pleno de la Sindicatura de Cuentas designó una comisión de cuatro síndicos para que afronten en un futuro las fiscalizaciones. Esta comisión representa a síndicos avalados por todos los partidos, salvo Convergència Democràtica (CDC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), que no está representada en la Sindicatura.

La comisión está integrada por Montserrat de Vehí, apadrinada por Unió Democràtica (UDC); Jordi Petit, por el Partit dels Socialistes (PSC); Manuel Barrado, por el Partido Popular (PP), y Jacint Ros Hombravella, por Esquerra Republicana (ERC). Fuentes de la Sindicatura explican que los síndicos avalados por CDC apostaban por que el encargo de fiscalización recayera en el síndico mayor, que actualmente ocupa en funciones Xavier Vela, propuesto precisamente por CDC. Esta petición, no obstante, quedó en minoría y CDC se quedó sin representación en la comisión creada.