Posible ofensiva secesionista del nacionalismo vasco

Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que el nacionalismo vasco pueda desencadenar una ofensiva secesionista en el futuro inmediato. El análisis de las palabras del lehendakari deja la cuestión en el aire, aunque el reto tiene el suficiente calado para que el Estado prepare una respuesta adecuada. Incluso suponiendo un resto de sensatez en la dirección del PNV, hay que tener en cuenta los efectos no deseados de una dinámica desencadenada en esa dirección.

Todo hace indicar que la respuesta debe ir más allá de la prohibición de los mecanismos que hagan posible esa secesión. Una reacción de estricta defensa de la legalidad, por mucho que la situación pudiera hacerla obligada, debería venir acompañada de una estrategia política que haga comprensible el recurso a los mecanismos de excepción constitucionalmente previstos. De no hacerse así, podría equipararse la respuesta a un argumento de fuerza, todo lo legítimo que se quiera, pero de fuerza en última instancia. Y en un escenario democrático la fuerza debe ir siempre acompañada de la legitimación aportada por un discurso político convincente y razonable. Es el discurso que debería ser elaborado por el Gobierno, pactado con la oposicíón y sometido a la consideración de una opinión pública española, vasca especialmente, a la que tiene que darse la oportunidad de hacer innecesaria la utilización de medidas de excepción.

En mi opinión, el primer punto de ese discurso debería insistir en la falta de fundamento jurídico para un eventual recurso a la autodeterminación. Falta ese fundamento en un derecho internacional que ha tratado la autodeterminación en contextos políticos que nada tienen que ver con el caso vasco en relación a España, y falta fundamento igualmente en el derecho constitucional interno definido por el texto de 1978. En un contexto como el español, el llamado derecho de autodeterminación se transforma en una expectativa de secesión de naturaleza estrictamente política, una expectativa que necesita ser justificada y valorada como expediente superior a otros instrumentos jurídico-polítícos dedicados a tratar las demandas a las que puede obedecer el recurso a la secesión. Habrá que empezar por pedir al nacionalismo vasco la justificación de las razones que le animan a decantarse a favor de un instrumento tan traumático. Habría de continuarse con la discusión acerca de la supuesta inviabilidad de los instrumentos autonómicos para solventar los problemas en que se justifica la llamada a esa secesión. Y tendría que llegarse, por último, a un acuerdo sobre los procedimientos que harían factible la opción secesionista. En última instancia, se haría necesario reconducir un debate político que se ha presentado abusivamente como propio del derecho natural, dando prioridad en la discusión a los fines de la propuesta, la independencia política, sobre los aspectos estrictamente procedimentales de la misma.

Paralelamente, los representantes de la nación española deberían poner de manifiesto su posición respecto a una secesión que afectaría a un territorio significativo de ese espacio nacional. Por elementales razones de supervivencia del Estado y la nación españoles, no sería difícil de entender el rechazo a la eventual iniciativa del nacionalismo vasco, un rechazo que habría de explicitarse en todos los frentes. Y en un lugar muy destacado, el frente europeo. España tiene hoy la capacidad de maniobra suficiente para encontrar la solidaridad de la UE en contra de un proceso de secesión que nunca iba a culminar en el encuentro del txoko particular para la hipotética Euskadi independiente en el marco europeo.

En segundo lugar, España tiene un deber de solidaridad con aquella parte de la población del País Vasco que pudiera verse amenazada con el eventual recurso a la secesión. En tercer lugar, España debe hacer jugar sus derechos como una nación histórica europea a favor de su supervivencia. El lugar del patriotismo constitucional se dobla con la existencia de un genuino nacionalismo español de signo liberal, latente a lo largo y ancho del país, cuyo civismo y coherencia con el orden democrático no debería confundirse con su ausencia o debilidad.

Esta movilización de argumentos políticos debería preceder y, llegado el caso, arropar un eventual recurso a medidas de excepción proporcionadas al posible desafío nacionalista. Haría mal el nacionalismo vasco en confundir la justificada resistencia a su empleo con la negativa sistemática al mismo. Las medidas de excepción en el orden democrático no las empujan los defensores de la legalidad sino los impugnadores del orden legal existente. El nacionalismo vasco tiene una experiencia equivocada, en parte alimentada por la mala opinión sabiniana sobre el resto de los españoles, respecto a la capacidad de respuesta del Gobierno central a sus desafíos. Pero una cosa son los envites cubiertos por la legitimidad constitucional o estatutaria, y otra los que vienen radicalmente desprovistos de fundamento legal. Que no dude el nacionalismo vasco de que, por reticentes que sean los representantes del poder central al uso de medidas excepcionales, esas medidas se tomarán de no quedar otro remedio. España tiene un antecedente en la adopción de una posición de fuerza ante el desafío al orden constitucional por parte de un poder autónomo: Cataluña, octubre de 1934. Empujado al abismo, el Gobierno de centro-derecha entonces en el poder reaccionó en defensa del orden constitucional. Y de no haberse producido la tragedia de julio de 1936, esa respuesta hubiera podido enderezar la actitud desleal de un amplio sector del nacionalismo catalán del momento. El nacionalismo vasco no debería poner a prueba la capacidad de reacción de nuestro sistema político. Antes de embarcarse en cualquier aventura, debería tener muy presente que, inevitablemente, la respuesta se producirá en forma proporcionada al desafío que se emprenda, teniendo como objetivo último la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles en general y vascos en particular. El PNV ha de aprender de una vez por todas las reglas de una negociación política en que lo conseguido no es un punto inamovible desde el que solamente es posible avanzar hacia nuevas conquistas. La autodeterminación podría traer en este sentido consecuencias para la autonomía. Hay que confiar, en última instancia, en que la retórica no se imponga sobre la estrategia política, y que el PNV sepa frenar a tiempo un discurso político que, probablemente, supone mayores riesgos para él que para el resto de los actores políticos españoles.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoria del Estado de la UNED.