Aclaración final

La Comisión Europea ha puesto fin a tres años de debates sobre los llamados costes de transición a la competencia (CTC) del sector eléctrico, aprobados por el primer Gobierno de Aznar como compensación a la liberalización del mercado eléctrico español planteada en un plazo de 10 años. La Comisión entiende que no deben plantearse objeciones al sistema establecido, que implica un volumen máximo de ayudas públicas de 1,3 billones de pesetas en un decenio, más aproximadamente 300.000 millones para el sector del carbón. La Comisión avala tajantemente el sistema de ayudas a la competencia eléctrica que está actualmente en vigor, e incluso considera conforme a las reglas comunitarias eventuales elementos de ayuda de Estado.

El Gobierno puede presumir de que sus tesis -extensibles a los sistemas de ayudas de Austria y Holanda- han sido aceptadas en Bruselas. Pero los equipos económicos españoles se han dejado algunos pelos en la gatera. Con toda probabilidad, el nihil obstat de la Comisión no se hubiera pronunciado si el Ministerio de Economía, con ocasión de la frustrada fusión Endesa-Iberdrola, no hubiera eliminado la afectación fija del 4,5% de la tarifa eléctrica a CTC y, por consiguiente, la consideración de los 1,3 billones de pesetas como cantidad inamovible y la posibilidad de que el dinero fuera percibido con antelación por las compañías eléctricas. Recuérdese que estas condiciones, anuladas en febrero, fueron coladas de tapadillo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999.

Desaparecidas esas condiciones, nada más lógico que la Comisión retire cualquier objeción sobre las compensaciones eléctricas españolas. La decisión de Monti sitúa de nuevo las ayudas eléctricas en relación con la evolución de la demanda, los costes y las inversiones realizadas por las compañías; es decir, en un terreno más racional. El pleno acomodo de los CTC con la legalidad no implica que el Gobierno no deba hacer un esfuerzo para rebajar el máximo de 1,3 billones a la cantidad que realmente tengan que percibir las compañías en concepto de inversiones no recuperables. Ese esfuerzo es una exigencia para defender los intereses de los consumidores. Puede suceder que pasen los 10 años, las empresas perciban las cantidades estipuladas y la liberalización del mercado eléctrico siga siendo una entelequia.