La Audiencia deniega el pago provisional del fallo de los funcionarios

La Audiencia Nacional ha denegado la petición de CC OO para que se aplique la ejecución provisional de la sentencia del 23 de enero que anulaba la congelación salarial de los funcionarios del año 1997 y su repercusión en años posteriores con un coste total que se eleva, según el Gobierno, a 'cientos de miles de millones de pesetas'.

El auto de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo niega el pago provisional de los atrasos, que pueden suponer entre 200.000 y 600.000 pesetas para cada empleado público, porque entiende que el abono inmediato 'incidiría directamente en la realidad preexistente a tal pago'. Y añade que si el Tribunal Supremo fallase favorablemente el recurso de casación presentado por el Gobierno y anulase la aplicación de la sentencia de la Audiencia 'sería imposible restablecer la situación anterior en su completa identidad'.

También explica que el Abogado del Estado alegó que CC OO 'no tenía legitimación activa' para solicitar la ejecución provisional de la sentencia, pero la Audiencia considera que el sindicato 'tiene derecho a instar y a obtener' dicha ejecución.

Respecto a la parte de la sentencia de la Audiencia del 23 de enero que obligaba al Gobierno a negociar con los sindicatos de la Función Pública los incrementos salariales posteriores a 1997, entiende que el deber de negociar no obliga al Ejecutivo a tal, sino al ministro de Administraciones Públicas.

Obligación de negociar

Además, señala que, dadas las discrepancias existentes entre las partes, parece razonable esperar a que la sentencia sea firme. De lo contrario, los acuerdos fruto de esta negociación y la propia esencia del diálogo quedarían desvirtuados si el Supremo desestimara el recurso del Gobierno y declarara firme la obligación de negociar por parte de la Administración.

El fallo comunicado ayer por la Audiencia a las partes se produce después de que el pasado 31 de mayo la federación de enseñanza de CC OO presentase un escrito en el que pedía la ejecución provisional de la sentencia, al considerar que el impago de los atrasos suponía un 'enriquecimiento injustificado de la Administración'.

La Federación de Enseñanza de CC OO valora que la propia Audiencia entienda que el sindicato está legitimado para la reclamación de cantidades de aquellos empleados públicos a los que representa, así como la fundamentación del auto que avalan las pretensiones de CC OO aun a pesar de haber denegado la ejecución provisional por causas de interés económico general.

El sindicato también informó ayer de que el Gobierno deberá pagar a los empleados públicos atrasos por un importe total de 1,9 billones de pesetas en el caso de que el Tribunal Supremo falle a su favor. El número de empleados públicos afectados asciende a 621.940 de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, Seguridad Social, Insalud, personal laboral, universidades, Correos y Telégrafos.