Una funcionaria declara que un superior quiso orientar su testimonio sobre el lino

Inmaculada Méndez, una funcionaria del FEGA que acompañó a las misiones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) para investigar el fraude del lino, prendió ayer una mecha en el sumario sobre este herbáceo que puede afectar a responsables y ex responsables de este organismo, según fuentes jurídicas.

A preguntas del fiscal, David Martínez Madero, esta funcionaria declaró ante el juez que instruye este caso, Baltasar Garzón, que antes de comparecer en la Audiencia recibió un singular recado de un superior, Juan Antoñanzas, quien le pidió supuestamente que se pusiera en contacto con los abogados de Colisur para que le 'orientaran' en su declaración.

La funcionaria admitió que tal consejo le causó estupor, y lo puso en conocimiento de la directora del FEGA, Elena de Mingo. Garzón impidió a todos los presentes que salieran del despacho para evitar que Antoñanzas pudiera ser alertado sobre la declaración de su subordinada. Antoñanzas, a poco de sentarse ante el juez, fue preguntado por el recado. Reconoció que sí había hablado con ella sobre su declaración, pero alegó que la funcionaria le había malinterpretado. Fuentes de la investigación consideraron este hecho muy grave ante la sospecha de que se haya intentado aleccionar a una testigo clave. Precisamente esta semana los abogados de Colisur, presentes en dicho interrogatorio, acompañaran a sus clientes ante el juez Garzón por esta misma causa. Dos de los socios de Colisur son hijos de López de Coca.

La funcionaria Inmaculada Méndez ofreció más sorpresas. El fiscal le preguntó si cuando acompañó a las misiones de la Olaf que investigaban el fraude del lino elevó informes a sus superiores. La funcionaria no sólo lo reconoció, sino que aportó sus cinco informes. Su documentación permitió comprobar que cuando la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2000 denunció 'el fraude generalizado' en las ayudas al lino, y el Gobierno y el PP mostraron sorpresa e indignación, el ministerio de Agricultura poseía al menos cinco informes elaborados por esta funcionaria que detallaban, paso a paso, las fisuras del sistema, según informaron ayer fuentes jurídicas próximas al caso.

La directora del FEGA, Elena de Mingo -López de Coca dimitió en 1999 al saberse que sus parientes cobraban ayudas-, destacó ante el juez la descoordinación entre las administraciones, y se quejó de la falta de colaboración de las autoridades de Castilla-La Mancha. De Mingo no hizo alusión a los informes de su subordinada, que.aseguró que los había elevado a su superior, Luis González, quien declaró, a su vez, haber dado cuenta a De Mingo.

Último informe

El último informe, de 19 de diciembre de 2000, el mismo día que la Fiscalía emitía su denuncia a la Olaf, esta funcionaria realizaba el siguiente diagnóstico: 'Objetivamente, tal y como se pudo observar a lo largo de cada una de las visitas realizadas, ha existido fraude en el sector del lino textil en relación al cobro de las ayudas por parte de los productores bajo la superior organización del mismo por una o varias de las principales transformadoras'.

Una de las claves de la investigación se adentra en perfilar cuándo supieron los responsables de las distintas administraciones la existencia de este fraude. El fiscal pretende documentar los informes internos. Entre ellos, figuran los que se elevaron tras la inspección de la UE de julio de 1998 que, si bien centrada en el cáñamo, abordó también el lino, como reflejan el informe de la Olaf sobre el fraude en el lino y una carta de la UE de enero de 1999 al FEGA donde le informa que en esa visita se detectó una 'práctica de cazaprimas ampliamente extendida'. Antoñanzas, presente en dicha misión, admitió ante el juez Garzón que también se abordó el lino en dicha inspección, según aseguraron fuentes jurídicas.