El 'agujero' de Gescartera crece en miles de millones a medida que avanza la investigación

Los 3.000 millones de pesetas que Sardón captó a través de la sociedad Asesoría de Gestión de Patrimonio (AGP), según fuentes judiciales, no están incluidos en los cálculos de 13.000 millones evaporados que se manejan en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sardón, que quedó en libertad tras prestar declaración, aunque continúa imputado y con obligación de presentarse a diario en el juzgado, explicó que de los 3.000 millones que encauzó hacia Gescartera, 1.500 correspondían a la Mutualidad de la Policía y 800 millones a la sociedad Construcciones Rico. Los otros 700 millones serían propiedad de entre 100 y 200 inversores perjudicados. Éstos se sumarían a los 750 inversores que hasta el momento han certificado perjuicios de 9.000 millones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La juez Palacios tomó también ayer declaración a Jaime García Morey y a su hija Laura (compañera sentimental de Antonio Rafael Camacho, único imputado que permanece en prisión y principal accionista de Gescartera). Tanto Jaime Morey (apoderado de las sociedades Gescartera Holding, Gescartera Gestión y Gescartera Red Comercial según datos del registro Mercantil) como su hija quedaron en libertad sin cargos, aunque mantienen la condición de imputados.

Declaración de Morey En su declaración, Jaime García Morey, conocido por su antigua vinculación al mundo del espectáculo aseguró, según fuentes jurídicas, que aunque ocupó el cargo de director general en Gescartera durante sólo dos meses, desconocía si tenía poderes en la gestión de la sociedad. Por su parte, su hija Laura explicó que su cargo de administradora única de la sociedad Dacna y Colombo, en la que participa junto a su compañero Antonio Rafael Camacho, se debe a que disponía de más tiempo que su compañero para ocuparse de su gestión.

El escándalo de Gescartera, que ha costado el cargo al secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez Reyna, cuya hermana Pilar presidía la sociedad de valores, continuó provocando ayer una auténtica riada de reacciones. Mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvía a salir en defensa del que fue su subordinado al afirmar que saber salir de la política 'dignifica y honra a quien lo hace', el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas de Ahorros (Adicae), Manuel Pardos, lanzaba cargas de profundidad contra el alto cargo.

Según Pardos, Enrique Giménez Reyna y su hermano José (coronel de la Guardia Civil y ayudante del general Antonio Blanes, presidente del Colegio de Huérfanos del cuerpo) utilizaron 'profusamente' su apellido para 'legitimar el fraude' cometido por Gescartera. Desde Adicae se anunció también ayer que 150 afectados por el escándalo en Valladolid van a presentar una demanda judicial contra la Comisión de Valores y contra Gescartera para exigir responsabilidades y aclarar el destino de su dinero.

Recuperar la inversión realizada en Gescartera es también una idea fija para la Guardia Civil. Según aseguró ayer su director general, Santiago López Valdivieso, aunque la Asociación de Huérfanos del cuerpo es una entidad jurídica desvinculada del instituto armado, la Guardia Civil hará todo lo posible por recuperar los 400 millones de pesetas que se han esfumado de las arcas de la asociación. 'Haremos todo lo posible por recuperar el dinero', aseguró Valdivieso, 'que a saber dónde está', matizó.

La alarma causada por la desaparición de dinero de miles de ahorradores en Gescartera ha impulsado la próxima aprobación de un Real Decreto para constituir un Fondo de Garantía de Inversores, que tendrá carácter retroactivo -es decir, beneficiará a los afectados por otros fiascos de sociedades de valores y chiringuitos financieros- y que asegurará cobertura para un máximo de 3,3 millones de pesetas a los ahorradores defraudados.

Norma retroactiva La retroactividad de la norma beneficiará de esta forma a todos los afectados de Gescartera y de la agencias de valores Ava y XM Patrimonios. La suspensión de pagos de la agencia Ava, con sede en Zaragoza, afectó en 1998 a más de 14.000 ahorradores si se contabilizan las operaciones realizadas por AVA con la gestora Socimer y dañó patrimonios por un importe de casi 16.000 millones de pesetas.

XM Patrimonios, por su parte, gestionaba inversiones de la aseguradora Lepanto en títulos de renta fija, principalmente bonos y obligaciones del Estado. Además de Lepanto se vieron implicadas las sociedades Penedés, Al Penedés y José Valero.

En 1998, el presidente ejecutivo de XM Patrimonios, Xavier Martí, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida. Martí debía abonar a los afectados para reponer los fondos desviados, al menos 1.500 millones de pesetas. La insolvencia de Martí y la quiebra de XM Patrimonios imposibilitaron la devolución del dinero.