El Estado ya tiene el 'grifo' de Alarcón

Tras décadas de conflicto por la negativa del Estado a entregar el embalse de Alarcón a sus legítimos propietarios (los regantes del Júcar e Iberdrola financiaron la obra casi al 50%), ayer se firmó un acuerdo por el que el Ministerio de Medio Ambiente pasará a gestionar la colosal infraestructura, el mayor embalse de la cuenca con 1.112 hectómetros de capacidad, a cambio de inversiones en regadíos. Inversiones que, por otra parte, ya estaban contempladas en el convenio hidrológico Estado-Generalitat, en el plan de la cuenca y hasta en el Plan Hidrológico Nacional. Por su parte, el Gobierno manejará por fin el grifo del embalse de forma legal, después de años controlándolo a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo ordenó en 1983 su cesión a los dueños.

Los usuarios adelantaron el 20% del coste de la obra en 1942, una década antes de su entrada en funcionamiento, y han sufragado el resto (adelantado por el Gobierno) desde que la Administración central fijó por fin, en 1976, la anualidad a pagar. Pese a la sentencia, el Gobierno mantuvo el grifo, pero sólo ahora, meses después de satisfecho su coste íntegro y de que las negociaciones hayan ahuyentado definitivamente el fantasma de la expropiación, lo hará con todas las de la ley.

El ministro Jaume Matas y Juan Antonio Delgado, presidente de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), formada por la comunidad de agricultores del regadío tradicional valenciano y la empresa eléctrica, firmaron ayer en Alarcón (Cuenca) el convenio de cesión por el que, según la USUJ, el Estado garantizará el carácter prioritario del regadío valenciano en el uso de los recursos, mediante el 'establecimiento de una reserva mínima' que 'garantiza la demanda de riego durante dos años'. Además, los usuarios quedarán 'exonerados del abono de los gastos e inversiones relacionados con la gestión y explotación del embalse durante el tiempo de vigencia del convenio', es decir, 60 años.

A juicio del ministerio, el acuerdo permite cumplir la sentencia del Supremo a la vez que el Estado recupera 'la conservación y explotación con carácter indefinido para el futuro'. Es decir, el ministerio se evitará conflictos legales, como los desatados en los últimos años cada vez que aprobaba trasvases de urgencia para abastecimientos en Alicante. Para el Gobierno, Alarcón 'es una pieza clave en el gran esquema de ordenación hidráulica del levante y el sureste español, al vertebrar toda la cuenca del Júcar, aguas arriba y abajo, el Vinalopó, el Segura y el Sur'.

Así, en la práctica, el embalse podrá almacenar a partir de ahora agua del trasvase Tajo-Segura (hasta ahora sólo regulaba el caudal). También se podrá enviar sin problemas agua del Júcar por ese trasvase a las comarcas alicantinas hasta que se concluya el enlace Júcar-Vinalopó. Y todo apunta a que incluso servirá para enviar desde Alarcón más de 300 hectómetros anuales de los consignados en el trasvase del Ebro para las cuencas del Segura y el Sur: el equivalente, pero en agua limpia del Júcar, a los hectómetros del Ebro que llegarán al embalse de Tous pero no podrán seguir hacia el sur de la Península, por lo que se quedarán en los regadíos tradicionales valencianos.

A la firma del acuerdo, en la iglesia de Santa María de Alarcón, asistieron, además de Matas y Delgado, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, el de Castilla-La Mancha, José Bono, y el de Iberdrola, Íñigo de Oriol.