Primera piedra en la N-II entre Igualada y Cerrera, 10 años después

El tramo inacabado entre las poblaciones de Cervera e Igualada se ha convertido, por el constante goteo de accidentes mortales, en uno de los más conflictivos de la red viaria catalana. De acuerdo con las cifras oficiales, cada día circulan por ella más de 20.000 vehículos, especialmente camiones de gran tonelaje, lo que aumenta su peligrosidad. La muerte de 70 personas en los últimos cinco años provocó la indignación de políticos, empresarios y automovilistas de la zona. Los familiares de las víctimas han presentado una denuncia contra Fomento por negligencia por el retraso de las obras.

La carretera N-II se ha ganado a pulso el calificativo de maldita. Su estado actual, con un solo carril y numerosas curvas que dificultan los adelantamientos, provoca retenciones kilométricas con frecuencia, especialmente los fines de semana y en las operaciones de salida o retorno de las vacaciones o puentes largos. El principal beneficiario de esta situación ha sido, y lo será hasta que esté acabada la autovía, la concesionaria de autopistas ACESA, ya que muchos conductores prefieren pagar peaje a soportar las colas.

El desdoblamiento de los últimos 21,8 kilómetros pendientes tiene un presupuesto de casi 19.000 millones de pesetas y un plazo máximo de ejecución de 30 meses. Si no se producen nuevas dilaciones, la autovía, que discurrirá paralela a la actual N-II, estará lista a finales del año 2003 o principios del 2004, poco antes de las elecciones generales.

Álvarez-Cascos destacó la importancia del acto de ayer y, en referencia al malestar existente en la zona, dijo que no hace falta ser del territorio para conocer la trascendencia que tiene la conversión de la N-II en autovía. 'Si solamente nos dejáramos llevar por la impaciencia', añadió, 'yo sería el primero en sumarme a las manifestaciones, pero hay que aceptar las servidumbres del sistema de garantías y del Estado de derecho'.

El ministro de Fomento atribuyó la demora de 10 años que acumula la obra al recurso judicial presentado en 1994 por una plataforma de empresarios, ecologistas y ayuntamientos contra la opción norte, aprobada por el anterior Gobierno socialista. En 1999, el Tribunal Supremo dio la razón a los recurrentes y se pronunció a favor de la alternativa que discurre por las proximidades del puerto de La Panadella, lo cual obligó a iniciar de nuevo todo el proceso técnico de definición del proyecto. A juicio de los técnicos, esta alternativa es más cara y menos segura que la desechada.

Respecto a la cuestión planteada por algunos partidos y colectivos sobre el rescate de las concesiones de los peajes de las autopistas, Álvarez-Cascos dijo que Fomento no es favorable a adoptar esa medida ('los ciudadanos no nos lo perdonarían'), sino que es partidario de estimular a la empresa privada para que participe en la financiación de las grandes infraestructuras proyectadas en España. El ministro aseguró que el Gobierno del PP está preparando un proyecto de ley para regular el régimen de concesiones e impulsar la iniciativa privada en la financiación de obras públicas.

Asimismo afirmó que Fomento no puede asumir todas las mejoras urbanas de la llegada del AVE a Lleida, pero se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con el municipio.