El proceso de repatriación de los seis menores marroquíes se prevé largo por la tramitación individual de cada caso

La Fiscalía de Menores del País Vasco ha resuelto que sean seis los menores inmigrantes acogidos en Vizcaya que deben ser repatriados a Marruecos, su país de origen. La decisión cierra la primera parte del trámite iniciada por la Diputación de Vizcaya el pasado 26 de junio con el envío a la Fiscalía de un informe sobre 19 jóvenes a los que atribuía los graves y diferentes conflictos que para entonces habían tenido lugar en el centro de acogida de Loiu.

La institución foral adoptó la decisión después de considerar que los 19 menores no sólo rechazaban integrarse en el centro, sino que perturbaban la seguridad del lugar y ponían en peligro la convivencia de los otros menores.

La Fiscalía de Menores estudió los expedientes y tras dos reuniones informativas, la última el pasado 18 de julio, con la institución foral y con representantes de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, ha establecido ahora que sean 6 los menores a repatriar.Tres de esos jóvenes están acogidos en el centro de Orduña, como parte del contingente de los 30 que el mes pasado trasladó la Diputación vizcaína para dispersar a los conflictivos, y otros tres se encuentran en centros especiales de acogida cumpliendo condenas por distintos delitos. De los 19 menores propuestos por el área de Acción Social de la Diputación de Vizcaya, cinco abandonaron el centro de Loiu en cuanto conocieron los planes de repatriación y otros, lo hicieron posteriormente, según explica un portavoz de Acción Social.

Es la primera vez que en España se establece un acuerdo interinstitucional -Diputación, Fiscalía de Menores y Gobierno central- de estas características para intentar el reagrupamiento de menores inmigrantes en su país de origen. A pesar de los pasos dados, el procedimiento de repatriación no ha hecho más que empezar. Se aventura largo y no tiene fecha de cierre. 'No sabemos cuándo se podrá proceder al reagrupamiento familiar o en su defecto, en un centro de acogida en el país de origen, que sea homologable a los de aquí', explica el mismo portavoz. A partir de ahora, la Fiscalía de Menores tramitará individualmente cada caso e informará de la decisión a los familiares de los menores, a la embajada o, en su defecto, a los consulados.

Después, será la Comisaría General de Extranjería la que se encargue de proceder a la repatriación. Cuando llegue este momento, es muy probable que sea la propia Administración central la que se responsabilice de los costes de los viajes, ante la falta de medios de los inmigrantes afectados, según explicaron en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya. Las instituciones implicadas consideran que casi con absoluta seguridad las familias no querrán acoger a sus hijos, así que el problema es hallar un centro que lo haga.

De todas formas, un convenio suscrito en febrero de 1992 entre España y Marruecos contempla que éste último país deberá hacerse cargo de las personas que sean originarias de su territorio, según recuerdan en la Diputación de Vizcaya. Organizaciones como SOS racismo y CCOO se han opuesto a la repatriación de los menores.