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El Gobierno niega ayudas a víctimas de bombas por encargo

Recibieron paquetes explosivos, sus casos siguen sin resolver y se sienten 'desasistidos'

El 27 de enero de 1987 el envio de un paquete desde la oficina de Seur en Burgos truncó la vida de una familia pamplonesa. Cuando Francisco Javier Biurrun, 43 años, industrial agropecuario, abrió el bulto, un dispositivo activó el explosivo y su cuerpo se partió en dos. El empresario murió en el acto. Otros ocho empleados, entre ellos su mujer, Lourdes Arbunies, resultaron heridos.

Ahora, 14 años después, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud de indemnización de 23 millones de pesetas por fallecimiento reclamada por su viuda al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Una ley, aprobada en 1999, en la que esta mujer y sus dos hijos, que perdieron el negocio familiar, habían depositado su confianza. Sobre todo, porque se aprobó para indemnizar a las víctimas de las bandas terroristas, sin excepciones.

'Mi atentado creó terror y se hizo a la manera de los terroristas. ¿Quién puede decir que no fue terrorismo?'

La viuda de Biurrun ha recurrido la negativa del Gobierno y su petición ha vuelto a ser rechazada por segunda vez. Ahora prepara su tercer recurso. Según fuentes próximas a la familia, el Ministerio del Interior argumenta que no existen datos que avalen que se trata de un acto terrorista de un grupo armado.

Oficiales de la Guardia Civil que investigaron el caso comunicaron a los Biurrun y a otras siete familias que sufrieron atentados similares que los paquetes bomba eran de fabricación militar y que su diseño y mecanismo sólo figuraban en manuales del Ejército. Esta circunstancia y la negativa del Gobierno a indemnizarles provoca en algunos familiares la siguiente reflexión: 'Para muchos el único terrorismo que existe es el de ETA. No se imaginan otro tipo de terrorismo, desconocido y encubierto por las personas que se supone deben protegernos. Un terror que ha destrozado nuestra vida'.

El caso de Biurrun sigue abierto en el juzgado número 2 de Pamplona, cuya titular es Aurora Ruiz, gracias a la tenacidad de Lourdes Arbunies, que pelea sola para saber quién asesinó a su esposo. Los Biurrun no ocultan su desazón por el 'nulo interés' de la policía en desvelar el caso.

Esta bomba y otras dos enviadas un año después a dos empresarios del sector agropecuario, Jesús Delgado y Antonio Díaz Regañon, en Socuéllamos (Ciudad Real) y Palencia, fueron confecciadas por las mismas manos y su diseño aparece exclusivamente en manuales de uso militar, según señala un informe policial.

Las investigaciones dirigidas primero a ETA y luego a la competencia del industrial derivaron en la relación de la víctima con el capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente, el hombre del maletín en la intentona golpista del 23-F. Biurrun se había entrevistado dos meses antes con él, huído entonces en Estados Unidos, para ofrecerle la representación de sus productos agropecuarios. Sánchez Valiente niega cualquier relación con los hechos.

Juan Goyeneche Moreno, 61 años, conde de Ruiz Castilla, tuvo más suerte que Biurrun pero su vida se ha convertido en un infierno desde que el 16 de octubre de 1992 abrió un paquete bomba en su domicilio madrileño. Perdió un ojo, la mano derecha, dos dedos de la izquierda y masa muscular de ambos muslos. La Seguridad Social le reconoció su minusvalia, pero Interior le acaba de negar la indemnización de 65 millones de pesetas que concede la nueva ley para los casos de gran invalidez. 'No se puede considerar que en este caso se esté ante el supuesto de actuación de una banda armada, pues no ha existido reivindicación alguna sobre la autoría, desconociéndose la intencionalidad con que fue realizado', señala la resolución de Interior. Ésta se apoya en una sentencia de la Audiencia Nacional. 'La obligación de resolver este caso la tiene la policía. ¿Recibir un paquete-bomba en tu casa no es ser víctima de un acto terrorista?', se pregunta su letrado. Cristina Ordovás, esposa de Goyeneche, es hija del general que presidió el Consejo de Guerra de Burgos que condenó a muerte a varios miembros de ETA. La policía investigó sin éxito móviles económicos.

El cineasta catalán Luis Rodríguez Aller todavía se pregunta quién y por qué le envió a su casa de Barcelona un paquete-bomba en abril de 1987. Sufrió la amputación de un dedo y graves lesiones en otros dos, además del cuello y tórax. Su madre resultó herida. La solicitud que remitieron a Interior antes de la nueva ley también fue rechazada. 'Mi atentado creó terror y se hizo a la manera de los terroristas. ¿Quién puede decir que no fue un atentado terrorista? Además de no saber quién nos atacó no se reconoce ni nuestro dolor', dice.

Las familias del matrimonio formado por María del Carmen Puertas, de 30 años, y Luis Armero, de 39, muertos al explotar un paquete bomba en Torre Pacheco (Murcia) no han reclamado indemnización, según uno de sus hermanos. La única familia que ha logrado una restitución de 23 millones y una condecoración ha sido la del asesor bursátil José Antonio Pérez Herrero, de 35 años, muerto en 1990 en Valencia al abrir un bulto. 'La Audiencia Nacional lo archivó por falta de autoría, pero lo calificó de acto terrorista', dice su suegro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de julio de 2001