El Gobierno planea la reforma global de los medios audiovisuales

El Gobierno se propone afrontar una remodelación en profundidad de los medios audiovisuales al hilo de la próxima reforma de Radiotelevisión Española. El Plan de Viabilidad del ente público, que está ya en manos del Ejecutivo, marcará el punto de partida para iniciar la revisión del Estatuto de RTVE y, de paso, para ordenar la desperdigada legislación sobre radio y televisión. Para pilotar esta reestructuración, el Gobierno se inclina por el ministro de la Presidencia, Juan José Lucas.

La remodelación del sector audiovisual tiene como objetivo poner un poco de orden en la caótica y desilvanada legislación española en materia de televisión pública, privada, autonómica, local, por cable, terrestre, analógica o digital. Para llevar a cabo esta reforma, uno de los puntos de arranque es el desarrollo de una nueva ley audiovisual, a partir de la cual se desliará la maraña reglamentaria.

Al frente de esta tarea, el Gobierno pretende situar al ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, que pasaría a ser el coordinador de medios de comunicación social. Lucas ha expresado su interés por asumir esta función, según fuentes del Partido Popular, pese a que la reforma del sector audiovisual es ahora competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya titular es Anna Birulés.

Sobre este departamento recae uno de los aspectos fundamentales: el reparto del espectro radioeléctrico para la distribución de los canales. Máxime cuando se pretende reconvertir las señales analógicas -tanto de las televisiones nacionales como autonómicas o locales- en digitales.

Del control de Ciencia y Tecnología escapa, sin embargo, el ajuste de Radiotelevisión Española, que está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Una vez que este organismo dé luz verde al Plan de Viabilidad, el Gobierno abordará la reforma del ente público, incluido el articulado del Estatuto. Esta ley, fechada en 1980, está 'obsoleta' y 'caduca', según coinciden todas las fuerzas políticas.

En el ámbito público, también se prevé la reforma de la ley del Tercer Canal y, de puertas afuera, el Ejecutivo está dispuesto a cambiar algunos aspectos de la directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras durante el semestre de presidencia española de la Unión Europa, que comienza en enero de 2002.

Para llevar a cabo la remodelación del sector audiovisual, Ciencia y Tecnología ha abierto una línea de conversaciones con los distintos agentes, desde productores hasta operadores. También ha solicitado a las Comunidades Autónomas que cursen sus peticiones de televisiones locales.

Negociaciones

Ante la incertidumbre técnica y económica que envuelve el actual modelo audiovisual, los operadores Net TV y Veo TV (entidades lideradas por Prensa Española y El Mundo-Recoletos, respectivamente) han anunciado su intención de solicitar una prórroga para empezar a emitir.

A través de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), las cadenas privadas han remitido un documento en el que expresan la necesidad de redifundir la actual legislación. El secretario general de Uteca, Jorge del Corral, explica que la reforma debe hacerse pensando 'no en el punto de partida sino en el de llegada'. Y se pregunta por qué para los operadores privados la televisión es un servicio público esencial, mientras que, para las emisoras locales es sólo un servicio público y para las plataformas digitales es un servicio de telecomunicaciones. 'No tiene sentido esta división cuando, en realidad, todos producimos lo mismo'.

La nueva ley podría alterar la fecha límite para el apagón analógico (finales de 2011), el ancho de banda que ocupará cada operador y los plazos para comenzar las emisiones en sistema digital, que según el calendario deberán estar ya en el aire la próxima primavera.