El Consejo de Estado ve innecesario el cese masivo de los representantes universitarios

No es necesario que las universidades entren en un proceso constituyente de dos años una vez que se apruebe la futura Ley de Universidades. Así lo señala el Consejo de Estado, que emitió ayer un dictamen favorable (es decir, que se ajusta a la legalidad) sobre el anteproyecto de ley que le remitió el Gobierno hace 15 días. Pero frente a la intención del Gobierno de someter a elecciones a los representantes universitarios para crear un 'claustro universitario constituyente', el consejo recomienda un tránsito más suave, una 'mera adaptación al nuevo régimen' legal con plazos más dilatados. Asimismo, el órgano consultivo señala que en el consejo social debe haber más representantes de la Universidad.

El anteproyecto fue presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado día 4 al Consejo de Estado con la petición de que fuera tramitado por la vía urgente (que otorga 15 días para emitir el dictamen, según las normas del consejo) y no por el ordinario (de dos meses). El anteproyecto será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.

El dictamen, de 42 páginas, dedica casi 37 completas a hacer observaciones, en las que, además de apoyar la generalidad de la norma y considerar que respeta la autonomía universitaria, incluye numerosas propuestas de cambio. Éstos son los principales aspectos que destaca:

- Consejo social. El máximo órgano consultivo del Gobierno considera que en el consejo social de las universidades -el órgano de control y supervisión de la sociedad- debería haber más miembros de la comunidad universitaria que el rector, el secretario general y el gerente (como establece el anteproyecto) con el fin de 'pueda alcanzarse el suficiente contraste de pareceres y criterios que permitan el deseable enriquecimiento de pareceres y de las decisiones a adoptar'. El informe matiza que 'es razonable que no esté dominado por miembros que pertenecen a la comunidad universitaria'.

- Habilitación. El consejo destaca que, como la habilitación nacional no implica la adquisición de la condición de profesor funcionario si no supera el posterior concurso de acceso a cada universidad, 'es perfectamente posible que exista una bolsa de personas con habilitación nacional y que, sin embargo, no ostenten la condición de funcionarios por no haber obtenido plaza en los concursos de acceso o porque no se hubieran presentado a ellos'.

Pilar del Castillo ha asegurado que con la nueva ley no existiría una bolsa porque cada el número de plazas sería igual al de habilitados. Según el consejo, 'no existe una necesaria correlación entre personas habilitadas y puestos a cubrir'.

El dictamen también señala que en el anteproyecto 'convendría aclarar que el número plazas a cubrir por concurso sirve como dato orientativo al Consejo de Coordinación Universitaria, pero no implica una limitación en el número de habilitaciones a convocar, que podrá ser superior o incluso inferior a las plazas a cubrir (por ejemplo, cuando existiera previamente una bolsas de habilitados sin plaza)'.

- Memoria económica. El consejo informa al anteproyecto le acompaña una memoria económica que señala la financiación por parte del Estado de 'los cambios que generan gasto adicional de forma directa'. Son dos: el sistema de habilitación del profesorado funcionario, que se financiará con 1.177 millones de pesetas anuales y la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación, con 1.835 millones.

- Autonomía universitaria. El consejo dice que 'con carácter general no puede considerarse -frente a lo afirmado en alguna ocasión durante la tramitación del proyecto- que éste infrinja el derecho a la autonomía universitaria'.

- Competencias autonómicas. Según el Consejo de Estado, en el anteproyecto 'se respeta' también la condición de las comunidades autónomas 'de Administración territorial sobre la que gravita la iniciación y funcionamiento de las universidades'.

- Exposición de motivos. El anteproyecto, añade, 'carece de exposición de motivos', por lo que 'previamente a su aprobación por parte del Consejo de Ministros deberá redactarse'.

- Participación social. El consejo dice que se desprende de la documentación adicional enviada con el texto la amplia difusión que han tenido 'borradores anteriores' de la disposición sometida a consulta al consejo. El informe añade que 'se trata de aspectos que han tenido amplio eco en la opinión pública, pues no en vano las universidades tienen una incidencia trascendental en la configuración de la sociedad de la que forman parte'.

- Elección del rector. Según el Consejo de Estado, en la elección del rector 'convendría prever que se produjeran empates que implicaran la imposibilidad de que fueran sólo dos los candidatos más apoyados en la primera votación'.