El Supremo reabre la causa por la agresión al marjal de Massamagrell

La Coordinadora de Defensa del Marjal de Massamagrell, integrada por los ecologistas de Acció Ecologista Agró, el Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA) y CC OO, manifestó ayer en la sede del sindicato su alegría por la reapertura del caso. Para ellos supone un nuevo triunfo después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decidiera en abril pasado, en una sentencia calificada por el movimiento ecologista como 'histórica', que el marjal de Massamagrell no es urbanizable, en contra de lo que establecía el plan general del municipio. Aunque el Consell ya ha incluido definitivamente el valioso enclave en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento y los promotores recurrieron esa sentencia, por lo que la vía de lo contencioso sigue abierta.

Del mismo modo, pese a la voluntad de los magistrados de la Audiencia de Valencia, la vía de lo penal, que investiga un posible delito de ordenación del territorio y contra el medio ambiente, sigue viva por decisión del Supremo.

Según explicó ayer el abogado José Luis Ramos, el expediente vuelve ahora a manos de la juez de Massamagrell que investiga el caso. Las diligencias se siguen contra Fernando Álvarez Osorio, el promotor de una urbanización en la zona húmeda; contra la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por falsedad en documento oficial, ya que remitió al juzgado un escrito indicando que no había en el marjal elementos merecedores de protección; contra el ex alcalde de Massamagrell Miguel Trujillo, expulsado de Esquerra Unida, por prevaricación; y contra el secretario, Ramón Ferrandis, el arquitecto, José Luis Gisbert, y el abogado del Ayuntamiento, Alberto Llobell, por falsedad documental.

El Supremo estima en su auto que la Audiencia no había escuchado a la acusación particular, por lo que se infringió el derecho de tutela efectiva de todos los ciudadanos, creando indefensión a los ecologistas. Y conmina a la juez a que concluya las diligencias pendientes.

Según Ramos, la Audiencia vulneró la autonomía de la juez para instruir el caso. Incluso el fiscal del TSJ Carlos Almela se adelantó a los ecologistas y pidió el recurso antes que ellos. Ramos acusó a la Audiencia de cerrar el caso 'por la puerta falsa'. Y desde Agró, Enric Amer exigió a los tribunales que traten a los ecologistas 'a la altura' del resto de ciudadanos y no como 'menores de edad'.