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Hospital General de Cataluña, otra vez...

Estos días el Hospital General de Cataluña (HGC) ha vuelto a ser noticia. Está a punto de ser adjudicado a una de las empresas que han optado por adquirirlo después de su quiebra. Urge solucionar la situación insostenible en la que se encuentra el hospital y, tal como están las cosas, debemos reclamar transparencia y objetividad en la resolución del concurso. Pero, más allá de esta cuestión, importantísima eso sí, vale la pena hacer una reflexión de carácter más global, que sitúe lo que hoy se está dirimiendo en términos políticos.

Se trata, en definitiva, de la relación entre lo público y lo privado en la sanidad. El HGC constituye un caso prototípico de la subordinación del sistema público a los intereses privados por parte del Gobierno de Convergència i Unió, maestro en este tipo de política, que practica también ampliamente en el caso del sistema educativo, tal como se ha evidenciado justamente estos días con relación al dinero público pagado a centros educativos de élite.

La adjudicación del hospital será un verdadero regalo para quien se lo quede. Debe asegurarse, al menos, que el clientelismo y el amiguismo no pesen en la decisión

Pero volvamos al hospital. Fue a inicios de la década de 1970 cuando un grupo de personas cercanas a Convergència Democràtica de Catalunya crearon una mutua para fundar un hospital de la máxima calidad y tecnología, y en este proyecto confiaron miles de personas de todos los grupos sociales. El objetivo era ambicioso, pero su planteamiento partió de un análisis equivocado respecto al futuro de la sanidad pública, que en los años sucesivos experimentó notables mejoras y se universalizó, lo cual impidió llegar a la masa crítica de socios necesaria para poder sostener el proyecto previsto.

El HGC entró en funcionamiento en 1985. No se hizo de forma gradual, en función de la cartera de socios, sino que se inauguró al completo. El caso es que de las 700 camas nunca se han utilizado más de 240, y que los 1.000 trabajadores que se contrataron llegaron a absorber el 90% del presupuesto. En estas condiciones, el déficit aumentaba cada año y en 1993 se presentó la primera suspensión de pagos y se despidió a 350 trabajadores.

'Esto es el resultado de un gran sueño, realizado erróneamente desde su inicio, con financiación equivocada... Nunca hemos tenido concierto con este hospital, ni lo tenemos, ni lo tendremos mientras no se demuestre su viabilidad'. Estas palabras las pronunció Xavier Trias en 1993 en el Parlament, cuando era consejero de Sanidad y Seguridad Social. A pesar de ello, el Gobierno de la Generalitat decidió verter abundante dinero en el HGC. Se concedieron dos avales que nunca fueron devueltos y que suman los 3.600 millones de pesetas que la Generalitat tiene comprometidos hoy en la reciente quiebra. Además, desde 1994, Sanidad ha derivado pacientes al HGC, con el correspondiente pago de servicios, sin que se trate de un centro concertado y entrando en clara competencia con los hospitales públicos de la zona.

En resumen: el Gobierno de la Generalitat ha dado trato de privilegio al HGC, que es una sociedad anónima privada, y le ha destinado un volumen muy importante de recursos públicos. Los contribuyentes hemos estado pagando, pues, una parte de aquel sueño promovido por unos pocos que, por su desmesura y mala gestión, han ocasionado fuertes pérdidas a los propios mutualistas y también a los acreedores.

Suma y sigue. A partir de la quiebra reciente, había que buscar un compromiso urgente de salvación del hospital, porque no puede prescindirse hoy de un servicio sanitario como éste ni comprometer el futuro de sus 700 trabajadores. Pero entiendo que esta salvación no debería hacerse a cualquier precio, como está sucediendo. La Generalitat, por ejemplo, renuncia en la práctica a cobrar su deuda a cambio de que una empresa privada garantice la continuidad del hospital. Resulta, así, que las deudas las pagaremos entre todos los contribuyentes, mientras que los beneficios serán para unos pocos. A falta de una empresa que estuviera dispuesta a asumir la deuda pendiente (o la mayor parte de ella al menos), habría sido lógico que los actuales propietarios del hospital (mayormente instituciones públicas) hubieran constituido un consorcio para gestionarlo e inscribirlo en el sistema público, utilizando sus instalaciones para realizar actividad terciaria y para aliviar las enormes listas de espera existentes, así como para incorporar servicios sociosanitarios y de atención a la salud mental. Sólo así se daría cobertura a las necesidades asistenciales, que las hay, sin perjudicar a los otros hospitales del sistema público.

Pero no han ido así las cosas y la comisión de acreedores debe enfrentarse a dos propuestas, cada una de ellas bien escasa en su aportación económica (en torno a 1.200 millones de pesetas, muy por debajo del valor de las instalaciones). La adjudicación del hospital será un verdadero regalo para quien se lo quede, y con ello, el Gobierno de la Generalitat ya ha hecho su nueva contribución a la lógica del beneficio privado. Debe asegurarse, al menos, que el clientelismo y el amiguismo no pesen en la decisión y que, en cambio, sean las garantías de viabilidad económica y asistencial las que la decanten. De ahí que, además de la aportación inicial de cada empresa, deba evaluarse la solidez y concreción de las inversiones que se comprometen para el futuro y las garantías respecto a la plantilla de trabajadores. Las vacilaciones en la adjudicación, la opacidad del proceso, la clara preferencia del Gobierno catalán por una de las empresas a pesar de ofrecer peor oferta económica, bajo el argumento de su arraigo en la zona, cuando detrás están (de nuevo) destacados miembros de CiU, convierten otra vez el HGC en insignia de la instrumentalización del interés público en beneficio de intereses particulares. Insisto en la urgencia de la resolución y en la transparencia de la misma.

Dolors Comas d'Argemir es diputada por IC-Verds.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de julio de 2001.

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